Ley de Celulares: el Gobierno provincial activa controles en calle, inspecciones a comercios y allanamientos por geolocalización
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló el alcance del plan integral para golpear el mercado ilícito de dispositivos robados. Además, se refirió a las amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro y ratificó que no modificarán el rumbo de la política penal.
- Policiales
- Nov 18, 2026
En el marco del paquete de medidas destinadas a frenar el delito predatorio en los grandes centros urbanos de la provincia, el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentaron los detalles operativos de la denominada Ley de Celulares. La normativa busca desarticular la cadena de comercialización y reventa de teléfonos robados, exigiendo la identificación del código IMEI en la vía pública, regulando los comercios del rubro y facultando la actuación policial inmediata ante rastreos por GPS.
Durante la presentación realizada en la ex Alcaidía de Mujeres de Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó los pilares de la iniciativa aprobada por la Legislatura. Al respecto, el funcionario destacó: «Bueno, centralmente es una ley sancionada a raíz del proyecto del Ejecutivo tendiente a generar un sistema integral para combatir lo que son los mercados ilegales de teléfonos celulares robados y otros dispositivos tecnológicos. Esto tiene varias partes. Centralmente lo que se instituye es un registro que va a estar en cabeza del Ministerio Público de la Acusación con todos los celulares robados. A partir de ahí nosotros vamos a poder contrastar esa base de datos con verificaciones en calle».
Uno de los puntos centrales del dispositivo de seguridad se enfoca en las facultades otorgadas a las fuerzas policiales para requerir la exhibición del identificador electrónico único del teléfono en la vía pública. Los efectivos contarán con aplicaciones móviles provistas por la provincia para escanear el IMEI en tiempo real y cruzarlo con el registro de denuncias del MPA.
Frente a las inquietudes sobre el procedimiento en la vía pública, Cococcioni aclaró de forma taxativa que el control se limita de manera exclusiva al código del dispositivo y no al contenido personal del usuario: «Los policías tienen las facultades legales de pedirle a los ciudadanos que le muestren el IMEI del celular, no el contenido; es decir, marcando asterisco numeral 06 numeral, le van a salir un montón de números y un código de barra. Eso es lo único que nos interesa verificar para chequear que no sea robado».
El abordaje estatal no se limita a la interceptación en calle, sino que apunta directamente a la infraestructura comercial que sustenta la compraventa ilegítima. A través del Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, todos los locales dedicados a la compra, venta, permuta, acopio o reparación de equipos usados deberán inscribirse formalmente y certificar el origen de la mercadería.
En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad puntualizó las nuevas atribuciones operativas fijadas por la legislación: «Esto va junto también con una facultad de registro de inspección sobre la trazabilidad de las operaciones de los negocios que se dediquen a la reventa de celulares y repuestos, y con una facultad de allanamiento sin orden cuando una persona nos está mostrando por geolocalización que sabe dónde está el dispositivo que le robaron».
Cococcioni remarcó la necesidad estratégica de atacar este tipo de ilícitos en las principales urbes santafesinas: «Esta es un paquete de medidas para tratar de abordar la problemática del robo de celulares que, dentro de los fenómenos de delitos predatorios, es lo que más se da fundamentalmente en Rosario y otros conglomerados urbanos importantes».
Amenazas y firmeza en la política penal
En el marco del encuentro con la prensa, el ministro fue consultado sobre las recientes amenazas dirigidas al gobernador Maximiliano Pullaro y a las autoridades provinciales. Al respecto, Cococcioni descartó cualquier tipo de amedrentamiento y enmarcó estas conductas en la reacción del crimen organizado ante la intensificación de las medidas de control y encarcelamiento.
«Los delincuentes en general van a postular que están enojados con el gobierno, con las leyes, con nosotros, y en realidad lo que causa todo esto son los delitos que ellos eligieron cometer; la respuesta de las autoridades y de la justicia no es más que la consecuencia de lo que ellos eligieron hacer, que es cometer delitos», aseveró el funcionario.
Asimismo, sobre la trascendencia pública de los amedrentamientos, el ministro ratificó la continuidad de las líneas de acción estatales: «Respecto de las amenazas a nosotros, al gobernador, a la comunidad en general, no escapa lo que es la lógica usual de alguno de estos personajes. Esta trascendió, pero hay muchísimas más. Esto es algo que te diría que es continuo desde hace tres años, no va a alterar el rumbo de las decisiones de la política penal del gobierno».
Frente a la consulta sobre el clima de tensión institucional y la posibilidad de que crezca la zozobra en la población, Cococcioni concluyó con contundencia: «No crece el temor. Cuestiones como esta no son inusuales en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe hacia gente inocente, hacia las autoridades, hacia nosotros, hacia los fiscales, hacia los jueces y hacia cualquiera».
atos para desmantelar la cadena delictiva.

