El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizaron la jornada “Desafíos y buenas prácticas en los programas de protección de testigos en el marco del nuevo sistema de justicia penal”, que tuvo lugar el miércoles en Santa Fe.
Durante la misma se hizo un balance del primer año y medio de funcionamiento del proceso penal, que comenzó a regir en febrero de 2014, y hubo coincidencia en torno a la necesidad de sancionar una ley de protección de testigos y víctimas.
En la apertura participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal; y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Javier Aga.
“En relación a la protección de víctimas, testigos y querellantes, nuestra provincia tiene una experiencia previa, a diferencia de otras jurisdicciones, como es la Unidad de Protección de Víctimas, Testigos y Querellantes para juicios de lesa humanidad. Una experiencia muy interesante al punto que ha sido muy bien ponderada por Naciones Unidas y servirá para lo que va a venir para toda clase de delitos”, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
“Actualmente hay varios mecanismos de protección. El acompañamiento que se hace no tiene que ver solamente con la seguridad, sino con una asistencia integral, de carácter social, psicológico, médico, incluso a veces hasta jurídico. Esa misma tónica se le quiere imprimir a este nuevo instrumento para el nuevo sistema penal. Lo que se intenta también es potenciar la efectividad de un mecanismo de esta naturaleza”, detalló Lewis.
En tanto el presidente de la Corte Suprema afirmó que la importancia de la protección a los testigos radica en la necesidad de resguardar a los habitantes de la provincia y las investigaciones, de cara a evitar la impunidad. Por su parte el fiscal general ratificó ante el debate legislativo que se avecina la relevancia de contar con una herramienta legal que consagre un sistema de acompañamiento y protección, ya que en el marco de los nuevos juicios (orales y públicos) es fundamental contener a víctimas y testigos y/o protegerlos en caso de que sufran represalias.
Cuerpo normativo, sistemático y ordenado
El encuentro, que se celebró en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, incluyó paneles integrados por funcionarios, legisladores y especialistas en la materia: el Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Carlos Arietti; la Defensora Regional de esa misma circunscripción, Estrella Moreno; la jueza integrante del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Santa Fe, Jaquelina Balangione; el diputado provincial Leandro Busatto; el director del Programa de protección de testigos y querellantes en juicios de lesa humanidad, Daniel Boccoli; y el secretario de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación, Gustavo González.
Durante la jornada se discutieron distintos aspectos de los programas de protección de testigos en el marco del nuevo sistema procesal penal que está vigente en la provincia de Santa Fe desde el 10 de febrero de 2014. En la actualidad existen en la provincia distintos programas que funcionan de forma separada: el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad que se tramitan en el fuero federal, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Víctimas vulnerables asistidas por los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), de aplicación para las personas que reciben asistencia y asesoramiento en dichos centros, que también funciona en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y finalmente el Programa de Protección de Testigos correspondiente al Ministerio de Seguridad.
