Se trata de un informe impulsado por el juez federal Ariel Lijo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado en el que se confirmó que los cálculos de la fiscal comercial Gabriela Boquin, se opuso al acuerdo entre el Estado y la empresa del Grupo Macri.
El ex director de la AFI expresó su disconformidad con el accionar del jefe de los fiscales y aseguró que «no ha dejado de violentar normas para hacer negocios para la familia Macri».
Se trata de la fiscal Gabriela Boquin quien había denunciado desvíos irregulares y un “vaciamiento progresivo”, a través de un dictamen. La empresa benefició a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos ligados a funcionarios de la alianza Cambiemos por casi $35 millones a pesar de no tener actividad comercial.
La fiscal Gabriela Boquín emitió este viernes un nuevo dictamen en el marco del proceso de negociación de la deuda que el Grupo Macri mantiene con el Estado.
