En 2016 la fiscal de Cámara Comercial, Gabriela Boquin, objetó el acuerdo, que llevó adelante en el marco del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S. A, de la familia Macri con el Estado. La funcionaria, señaló que se encontraba ante el intento de la licuación de la deuda que establecía pagos hasta 2033.
La firma de los Macri debía 296 millones de pesos al momento de la recisión del contrato en el gobierno el ex presidente Néstor Kirchner con el Grupo Macri porque incumplía con el pago del canón.
Boquin adujo que la propuesta que aceptó el gobierno de Macri, con el radical Oscar Aguad en el ministerio de Comunicaciones, era «abusiva» e implicaba un «perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Poco menos que una condonación de deuda.
La fiscal había sido perseguida durante la administración Macri, y al haber cobrado estado público las acciones en contra del ministro Oscar Aguad que se encontraba al frente del Ministerio de Comunicaciones, este se disolvió y el cordobés paso a Defensa.
El tema no quedó allí, esta maniobra originó varias presentaciones penales por atentar contra el patrimonio nacional, de parte de los familiares del ex presidente Macri.
La intervención de la justicia federal porteña, originó un nuevo informe pericial ordenado por el juez Ariel Lijo que confirma la estimación de fiscal Boquin. Por su parte, la fiscal se apoyó en un análisis de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones que sustentaba que la propuesta licuaba casi el 100% de la deuda del Grupo Macri. El nuevo informe ordenado por Lijo estima que la condonación alcanzó el 92%.
