La administración de Mariano Rajoy pedirá la inconstitucionalidad de una norma que prohíble el asesinato de toros en las corridas.
"Volvemos a casa. Con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente", dijo la mandataria tras abandonar la cárcel de mujeres de Alcalá Meco donde pasó la noche. Prometió respetar la Constitución.
Se le acusa por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos en el proceso de secesión lanzado en esa región. La declaración se dio a puertas cerradas.
La huelga fue convocada por las asociaciones y un sindicato independentistas, en protesta por el encarcelamiento de varios dirigentes y la intervención de la autonomía catalana desde Madrid.
"Lo que está haciendo el Estado español es una regresión tan bestia en derechos y libertades que si no la combatimos juntos, el Estado puede ganar", dijo el presidente del gobierno catalán destituido.
A raíz de la declaración de independencia en cataluña la justicia emitió una orden para arrestar a los miembros del ejecutivo en la región.
El presidente catalán destituido, bajo orden de captura de la justicia española, solicitó a través de su cuenta de Twitter, "que todos los demócratas se unan" en una lista única para las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Una jueza española emitió una orden europea, dirigida a las autoridades judiciales de Bélgica, la cual solicita la busca y captura contra el presidente catalán destituido, y cuatro de sus ministros.
En Barcelona, los ciudadanos extendieron la protesta durante la noche con cacerolazos en diversos barrios de la ciudad. Reclaman por los miembros del gobierno regional y dirigentes soberanistas encarcelados por su rol en el proceso independentista en Cataluña.
La justicia española señaló que son sospechosos de sedición y rebelión, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del presidente independentista Carles Puigdemont.
Se los acusa de ser sospechosos de sedición y rebelión. A otro integrante se le solicitó cárcel eludible por lo que podrá quedar libre bajo fianza. Mientras tanto Puigdemont consideró desde Bruselas que el juicio es político.
El presidente catalán depuesto junto a otros 13 antiguos miembros de su gobierno cesado por las autoridades, ha sido citado a declarar el jueves ante la Audiencia Nacional, como sospechoso de rebelión, sedición y malversación de fondos, pero este solicitó hacerlo desde Bruselas.