La joven estaba embarazada cuando, en junio del 2010, fue rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja. Falleció cuatro meses después y su hija nació con secuelas. La causa se archivó como «intento de suicidio» y el femicida nunca fue juzgado. Hoy el Estado busca reconocerla a ella y a sus hijos.
El funcionario del Ministerio de Seguridad, Alberto Föhrig, participó de una reunión virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y dijo que el pasado 12 de junio los manifestantes que rechazaban la Ley Bases en la puerta del Congreso quisieron dar un golpe de Estado, por lo que fue necesario activar protocolos represivos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que “durante el conflicto en las Islas Malvinas oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas habrían sometido a los soldados de las mismas tropas a torturas de tipo físico y psicológico”.
La CIDH lamentó la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado argentino «medidas alternativas a la detención preventiva» de la dirigente social. El fallo pide que se adopten dichas medidas para garantizar la vida e integridad personal de la arrestada.
