La senadora nacional y consejera de la Magistratura, Anabel Fernández Sagasti, presentó informes elaborados por el propio Poder Judicial y sostuvo que la expresidenta recibe un trato más restrictivo que genocidas y narcotraficantes con prisión domiciliaria. Además, cargó contra el decomiso de bienes y la inhabilitación política impuesta a la exmandataria.
El fallo alcanza a unos 111 inmuebles en total, entre los que se encuentran activos de la ex mandataria, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, de Lázaro Báez y de la empresa Austral Construcciones.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de inmuebles, vehículos y dinero, entre ellos una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner. A la vez ordenan que la ex presidenta vuelva a cobrar la pensión que le corresponde por la muerte de su esposo. El Gobierno apelará la decisión.
“No va a permitir que se ponga en tela de juicio que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente”, dijo el ministro Cococcioni, sobre el planteo judicial de un hijo Estaban Alvarado que reclamó la devolución de una quinta de 4 hectáreas en Piñero.
Fiscales federales solicitaron que se lleve adelante una venta anticipada de los vehículos involucrados en la causa, y que el dinero se ponga en un plazo fijo UVA, para mantener el valor.
