Buenos Muchachos: el Gobierno santafesino respondió al hijo de un narco que pidió la restitución de un bien decomisado

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y secretario de Gestión de Registros provincial, Matías Figueroa Escauriza, rechazaron este viernes el planteo judicial de Santino Alvarado, hijo del capo narco condenado Esteban Lindor Alvarado, quien reclamó ante un juez la restitución de una quinta de 4 hectáreas en el paraje Los Muchachos, jurisdicción de Piñero, que le fue decomisada por el Poder Judicial y está en custodia del Estado santafesino. “No se trata de un terrenito ni de una casita: el Gobierno de la provincia de Santa Fe no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente”, fue al hueso el ministro, a quien “no deja de sorprendernos el tupé, la osadía” de la demanda.

En ese inmueble del paraje Los Muchachos fue asesinado, según se comprobó en juicio oral, el opaco prestamista Lucio Maldonado, cuya investigación por parte de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra supuso el comienzo del fin del clan Alvarado. Un tribunal condenó a Esteban Alvarado por ese crimen y otros delitos a prisión perpetua. En el lugar, cuando fue allanado, se encontró documento a nombre del capo narco, como impuestos y otros papeles.

Según explicó este viernes Figueroa Escauriza, “ayer nos notificaron de una demanda en el Juzgado de Circuito de la segunda nominación firmado por el juez Eduardo Arichuluaga, de Santino Alvarado, que a través de una acción reivindicatoria solicita a la provincia de Santa Fe la restitución del inmueble de Piñero, denominado Los Muchachos, una finca de cuatro hectáreas que tiene posesión la provincia”.

El planteo judicial se sostiene en que se trata de un bien de familia, “que el usufructo estaba a nombre del padre, Esteban Alvarado, pero que era propiedad de los hijos, tanto de Santino como de su hermana. Y ese es el argumento, que era un bien familiar”, dijo el funcionario, para quien “”cada vez que avanzamos contra el patrimonio de las organizaciones se nota la resistencia cuando le tocamos el dinero”.

El Poder Judicial decomisó seis inmuebles del clan Alvarado, uno de los grupos narco más relevantes de la escena criminal rosarina junto a la familia Cantero, de la banda Los Monos, que durante años es han enfrentado violentamente. De esos bienes, algunos fueron subastados -como la mansión del barrio cerrado San Marino, en Funes-, otros entregados a entidades de bien público y algunos permanecen en custodia del Estado provincial.

El corazón del asunto

Además de accionar judicialmente en respuesta la planteo, de lo que se encarga la Fiscalía de Estado, el Gobierno llamó este viernes a conferencia de prensa para señalar qué es lo que está en juego, a su entender, con la demanda de la familia Alvarado.

“Queremos poner este tema sobre la mesa porque no estámos hablando de una casa, de un terreno, de un auto. La política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal, de nada sirve gastar recursos capturando gente, investigando, el trabajo de fiscales y de la PDI, de nuestro sistema penitenciario, si después van a seguir por sí o por interpósita persona disfrutando de los bienes con los cuales muchas veces se cometieron delitos”, dijo el ministro Cococcioni, en lo que pareció una advertencia al Poder Judicial.

“En este caso -siguió- la quinta del paraje Los Muchachos fue instrumento de un homicidio, y por eso también ha sido legalmente decomisada”. El funcionario insistió en que lo que se pone en tela de juicio no es el valor de tal o cual bien, sino una política de Gobierno que considera central en el plan de seguridad pública. “No se trata de un terrenito ni de una casita, el Gobierno de la provincia de Santa Fe no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente”, sostuvo en rueda de prensa.

La vivienda del barrio cerrado San Marino subastada a la familia Alvarado.

Cococcioni dijo que “no deja de sorprendernos el tupé, la osadía de venir a reclamar utilizando los instrumentos jurídicos que están diseñados para que la gente acceda a un juicio, para obstaculizar las medidas del Estado, que tienen como finalidad única el cese de la actividad delictiva y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”.

Además, recordó que “estos bienes están manchados de sangre, hay gente que ha perdido la vida, hay familias enteras destrozadas, hubo homicidios, lesiones, balaceras, atentados cometidos con estos bienes”. El decomiso de la quinta en cuestión fue avalado por un fallo de la Corte Suprema provincial y pasó -en sus distintas instancias de apelación- “por al menos 15 jueces”, destacó el ministro como ejemplo del proceder legal del Estado.

El Esteban

Esteban Lindor Alvarado se inició en el mundo criminal, según se desprende de las múltiples causas judiciales que lo tuvieron como protagonista, con el desarme y venta de automóviles robados en el conurbano norte del Gran Buenos Aires. Por esos delitos fue condenado en San Isidro a pena de cárcel, que cumplió hasta 2018 en dos penales de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal que lo investigó, Patricio Ferrari, descubrió entre las evidencias recolectadas en ese juicio que, además de “cortar” autos, Alvarado parecía ser el jefe de una banda narco. Con esa documentación llegó a los Tribunales de Rosario, pero pasaron varios años hasta que aquellas pruebas fueron utilizadas por dos fiscales locales para acusar “al Esteban”.

Alvarado fue condenado en junio de 2022 a prisión perpetua por homicidio, como líder de una asociación ilícita que cometió múltiples delitos como balaceras, extorsiones y amenazas, y por lavado de activos. Junto con él fueron sentenciados una decena de miembros de su banda, mientras varios policías ya habían sido sancionados mediante juicios abreviados por su complicidad con el capo narco y, en algunos casos, por compartir propiedades y hasta caballos de carrera con el condenado.

Entre los casos que se analizaron en ese juicio oral estuvo el crimen de Lucio Maldonado, un prestamista marginal que fue encontrado el 13 de noviembre de 2018 en la colectora de avenida de Circunvalación cerca del casino, asesinado de tres tiros y con una nota escrita en un cartón: “Con la mafia no se jode”. Leyenda que luego se “popularizó” en varios hechos violentos.

Maldonado había sido secuestrado dos días antes de que encontraran su cuerpo baleado, cuando cuatro hombres “levantaron” en su domicilio de Garibaldi al 600, en barrio Tablada, y lo subieron en un Renault Kangoo. Otros se subieron al Chevrolet Cruze de la víctima y siguieron al primer vehículo. El GPS del auto de Maldonado permitió a los fiscales saber que había estado en una casa-quinta del paraje Los Muchachos, cerca de Piñero sobre la ruta A-012, que más tarde fue allanada y se descubrió que era propiedad de Alvarado.

Ese dato significó el comienzo del fin de capo narco que contaba con protección -al menos- policial por lo que permaneció intocable durante años, y que según los fiscales que lo acusaron en el juicio provincial creó “un emporio” desde la cárcel, mientras cumplía condena por robo de autos.

En el mismo 2022 Alvardo fue condenado por primera vez por la Justicia Federal por tráfico de estupefacientes, por un caso de 2017 de transporte de media tonelada de marihuana a la Patagonia, en un camión que -después se supo- era parte de la flota de una de las varias empresas lícitas que el narco había creado por medio de testaferros, con el objetivo de “blanquear” el dinero de origen ilegal.

Luego también la Justicia Federal de Rosario lo condenó por el delito de lavado de activos, a él y su ex esposa, Rosa Capuano, que era quien residía en el barrio cerrado de Funes cuando fue decomisada esa propiedad.