Los estudiantes de magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
Un informe publicado por las dos principales coaliciones opositoras del país denunció que la Policía Nacional “continúa con allanamientos ilegales a viviendas de reales o supuestos activistas”.
El secretario general de Camioneros denunció a la productora de Adrián Suar ya que sostuvo que “no vengan con que esto es ficción porque no es ficción, esto es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso”.
El presidente de la Nación habría beneficiado con casi 500 millones de dólares a la empresa Ausol, perteneciente al Grupo Macri.
La Fiscalía de Las Vegas, Estados Unidos, consideró que había "falta de pruebas".
La firma Socma Americana, que pertenece al holding de la familia presidencial, mantiene desde 2004 una deuda con el Estado por el manejo del servicio postal.
El titular del PJ Nacional cargó contra el gobierno y señaló que "no tuvieron mejor idea que meterle la mano a los ahorros de los beneficiarios de la seguridad social. Son muy creativos para beneficiar a los amigos con los dineros públicos".
Ante la posibilidad de que el lunes se realicen nuevas denuncias en su contra, el actor regresó a Brasil, donde al ser ciudadano no pueden extraditarlo.
La senadora Sigrid Kunath es la autora de la iniciativa y sostiene que "nuestra sociedad aparece desconcertada por estos casos, pone límites y tolera cada vez menos estos delitos y los intentos que existen por invisibilizarlos”.
El medio Panampost publicó un informe que señala la existencia de una trama de negociados ilegales del que habrían participado los referentes de la oposición al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Juan Guaidó y Leopoldo López.
La líder indígena y defensora de derechos Thelma Cabrera, del Movimiento por la Liberación los Pueblos, denunció fraude y señaló que el Tribunal Supremo Electoral está "omitiendo" anomalías que son de conocimiento público como el "acarreo de gente" o la compra de votos.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció un plan ilegal de represión desarrollado y elaborado, en calidad de “autores mediatos”, por Patricia Bullrich y otros integrantes del Ministerio de Seguridad.