El sindicato que agrupa a los estatales sostuvo que las incorporaciones respondieron a vínculos políticos y personales, cuestionó el sistema de ingreso implementado por el Gobierno y reclamó la revisión mientras continúan los despidos en la administración pública.
Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.
Los datos surgen de un reporte de la Consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de Presupuesto Abierto y el Indec.
El fiscal Franco Picardi entiende que los delitos perpetrados perjudicaron patrimonialmente al Estado y a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad.
Esta causa pretende llegar a establecer si la empresa puede ser parte de la forma de pago de la sentencia por US$16.000 millones que condena al país, en un proceso judicial iniciado por las demandas de fondos buitre.
