La decisión forma parte de la política libertaria de identificar, desafectar y comercializar inmuebles que considera innecesarios para la administración pública. El argumento oficial es que se trata de terrenos que presentan «falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad».
El sindicato que agrupa a los estatales sostuvo que las incorporaciones respondieron a vínculos políticos y personales, cuestionó el sistema de ingreso implementado por el Gobierno y reclamó la revisión mientras continúan los despidos en la administración pública.
Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.
Los datos surgen de un reporte de la Consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de Presupuesto Abierto y el Indec.
El fiscal Franco Picardi entiende que los delitos perpetrados perjudicaron patrimonialmente al Estado y a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad.
