El fallo apelado alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó formalmente la normativa, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.
El doctor en Ciencias Sociales y miembro de la Cátedra del Agua y del Centro Universitario del Agua de la UNR sostuvo que el servicio debe permanecer en manos del Estado. También fundamentó sus críticas basado en las privatizaciones de los años 90 y alertó sobre el impacto de las tarifas, la falta de inversiones y la calidad del agua.
La decisión forma parte de la política libertaria de identificar, desafectar y comercializar inmuebles que considera innecesarios para la administración pública. El argumento oficial es que se trata de terrenos que presentan «falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad».
El sindicato que agrupa a los estatales sostuvo que las incorporaciones respondieron a vínculos políticos y personales, cuestionó el sistema de ingreso implementado por el Gobierno y reclamó la revisión mientras continúan los despidos en la administración pública.
Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.
