ATE denuncia que Adorni dejó 249 nombramientos de “ñoquis” en el Estado y exige que el Gobierno las dé de baja
El sindicato que agrupa a los estatales sostuvo que las incorporaciones respondieron a vínculos políticos y personales, cuestionó el sistema de ingreso implementado por el Gobierno y reclamó la revisión mientras continúan los despidos en la administración pública.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que durante la gestión de Manuel Adorni se realizaron 249 nombramientos políticos en distintos organismos del Estado nacional, reclamó al Gobierno que revise esos nombramientos y que avance con su anulación.
Al respecto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que las incorporaciones correspondieron a familiares, amigos y allegados del exfuncionario y afirmó que se trata de personas que perciben salarios sin cumplir funciones efectivas.
«Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que estaban bajo su autoridad. Son 249 ñoquis que cobran un sueldo sin prestar ningún servicio», sostuvo el dirigente sindical.
Aguiar también apuntó contra la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei y afirmó que el Ejecutivo conoce el detalle de esas designaciones, por lo que consideró que no existen impedimentos para revisar cada uno de los nombramientos.
Desde ATE vincularon además esas incorporaciones con el nuevo esquema de ingreso a la administración pública impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según el gremio, el mecanismo que el Gobierno presentó como un sistema transparente terminó favoreciendo el ingreso de militantes de La Libertad Avanza.
El sindicato cuestionó además el costo de esas incorporaciones y aseguró que muchos de los designados perciben salarios superiores a los dos millones de pesos mensuales, pese a que —según denunció— carecen de experiencia y desempeñan funciones innecesarias dentro de la estructura estatal.
La presentación de ATE se enmarca en el conflicto que mantiene con el Gobierno por los despidos de empleados públicos y la reducción de organismos nacionales.
Para el gremio, mientras miles de trabajadores fueron desvinculados bajo la política de ajuste, se realizaron incorporaciones por afinidad política, lo que considera incompatible con el discurso oficial de reducción del gasto y eficiencia del Estado.
Finalmente, Aguiar reclamó que el Gobierno aplique el mismo criterio utilizado para justificar los recortes de personal y revise las designaciones que, según el sindicato, no respondieron a necesidades reales de la administración pública sino a vínculos personales y políticos.