El presidente ruso, Vladimir Putin, dio luz verde a una legislación que impone sanciones contra aquellas personas que busquen o accedan a “materiales extremistas”, tanto páginas web como libros, músicas y otros materiales.
Esta política ocupa un lugar importante en la sociedad y es sembrada por extremistas en cada costado del río, a la derecha y a la izquierda, que convergen para formar un caudaloso río de odio y violencia contra sus propios hermanos.
A las personas y organizaciones así catalogadas se les prohíbe interactuar con los medios de comunicación, publicar información en línea, organizar eventos públicos, participar en elecciones y utilizar algunos servicios financieros.
Kasim-Yomart Tokayev calificó a los manifestantes de “terroristas” y de “bandidos armados y preparados, tanto locales como extranjeros”. También juzgó que son «profesionales de la subversión ideológica” y “capaces de manipular los ánimos».
La ONG estaba desde julio de 2014 en el registro de agentes extranjeros, una lista que incluye a las entidades que promueven intereses políticos de otros países y reciben financiación del exterior.
