La controversia legal tuvo su origen en la ciudad de San Rafael, donde la Justicia determinó que el demandante, quien se desempeñó como distribuidor en las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa, mantuvo un vínculo laboral con la empresa entre los años 2013 y 2022.
En el año 2021, una profesora de zumba del club denunció al presidente de la institución por violencia verbal y de género y despido arbitrario. En ese contexto, la jueza Patricia Otegui falló a favor de la demandante, con una sentencia disruptiva por su perspectiva de género.
La Corte Suprema de Justicia declaró la validez de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo mediante escritura pública. Dejó sin efecto una sentencia que anuló el convenio porque no se homologó ni participó un abogado del trabajador. La interpretación del artículo 241 de la LCT.
