La medida fue conocida en el marco del funcionamiento de la comisión de Derechos Humanos, donde firmaron una nota impulsada por la abogada de la familia para apartar al juez de la causa por la desaparición forzada del joven.
Los trabajos, que demandarán una inversión de casi $210 millones, los ejecutará la Unión Transitoria de Empresas compuesta por las firmas Edeca, Pecam y Rava.
Los ministro de Seguridad, Padricia Bullrich, del Interior, Rogelio Frigerio; y la canciller Susana Malcorra acordaron cooperación por para prevenir el «crímen grave» y atraer futuras inversiones.
La Presidenta recibió a los representantes sindicales de la UOM, Uocra, Suterh, UPCN y Comercio. También estuvieron las cámaras empresarias y los ministros Axel Kicillof y Carlos Tomada.
