Trabajadoras del ex call center abrieron en el microcentro el espacio “Hey Bar” después de varias gestiones. Subrayan las dificultades para lograr la habilitación definitiva y cuestionan la falta de acompañamiento de parte del Estado.
Con distintas variables, el mundo gremial tuvo un año movido. Conflictos, históricos acuerdos y negociaciones paritarias hasta último momento fueron el común denominador.
La empresa solidaria deberá pagar casi $3 millones por incumplir con la reincorporación de 78 empleados.
En el marco de un encuentro por los trabajadores que quedaron en la calle por el cierre de Fallabella, entre el gremio mercantil, funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y una senadora, se acordó facilitar herramientas similares el caso de los despedidos del call center Hey Latam.
La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó el fallo de Primera Instancia que determinaba que el empresario Martín Stauffer debía devolverles los puestos de trabajo a los cesanteados ya que entendió que, a pesar de la quiebra, continuó sus negocios con la empresa Key Market.
El reclamo incluyó un corte de calle en Oroño y Pellegrini, del que también participaron familias de la toma de Magaldi y Benteveo para exigir que se les otorguen los títulos de propiedad. Además estuvieron presentes los despedidos del frigorífico bonaerense ArreBeef.
Tras la imputación y convocatoria a declarar a tres trabajadores de la empresa Hey Latam! que ejercían su derecho a reclamar, el secretario gremial del sindicato expuso que “la Justicia opera rápidamente en contra de los trabajadores pero no así con la empresa que produjo el vaciamiento”.
La permanencia pacífica resuelta en asamblea tiene como objetivo preservar y cuidar los bienes que posibilitan la continuidad de los puestos de trabajo.
Horas antes de que comience la marcha, el dueño de Hey Latam, Martín Stauffer, se presentó junto a la policía santafesina en las puertas de la empresa -donde los trabajadores realizan un acampe desde hace dos meses- para intentar vaciar el local y amedrentar a los empleados.
En el marco del conflicto que ya lleva casi dos meses sin respuesta, los trabajadores piden al gobernador Perotti que los reciba y tome cartas en el asunto y reclaman que no se criminalice la protesta llevando ante la justicia penal una controversia laboral.
Mientras transcurren más de 40 días de acampe frente a la empresa, los manifestantes denunciaron que su titular, Martín Stauffer, busca la “represión” y la “criminalización” de las acciones de lucha. Piden hablar con el ministro de Trabajo Roberto Sukerman y con el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
La empresa ofreció pagar el aguinaldo a cambio de que los trabajadores levanten el acampe en las puertas de la firma, pero la propuesta no fue aceptada por la totalidad de los afectados. Desde la Asociación de Empleados de Comercio buscan reactivar lo antes posible las negociaciones.