El titular del Sindicato Químico de San Lorenzo, Julio Barroso, comentó que los nuevos dueños se comprometieron a respetar la antigüedad y los convenios colectivos de trabajado de los operarios. Sin embargo, se abrió un proceso de retiros voluntarios.
El secretario general del sindicato que los agrupa cuestionó tanto al Gobierno provincial como nacional por no otorgar los permisos para que puedan seguir trabajando en la planta.
Desde el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector reclaman por las «suspensiones ilegales» de empleados ya que las razones por las que la compañía adoptó esas medidas no son «de fuerza mayor».
La compañía que se dedica al tratamiento y disposición final de residuos peligrosos fue señalada a partir de un demoledor informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación que constató irregularidades graves en sus instalaciones y procedimientos.
La medida fue tomada debido a la colocación de sustancias peligrosas en el arroyo San Lorenzo. La multa podría alcanzar los setenta millones de pesos.
