La iniciativa de los letrados se funda en la cantidad de proyectos en el Congreso Nacional que impulsan la modificación de la cantidad de ministros del máximo tribunal de Justicia de la Nación.
Lo triste es que «el Gobierno de Milei rebanó un 14,2% la nómina que cobraba remuneraciones del Estado, al ser reducidas las capacidades regulatorias y de gestión, hubo incorporaciones para cubrir las nuevas funciones que no pasarían un examen de idoneidad».
El abogado constitucionalista Diego Armesto, prescisó que en las presentaciones contra los magistrados «no se observa en cada una de las presentaciones» falta de idoneidad de los jueces y denotan, por parte de quienes las impulsan, una llamativa falta de mesura y prudencia»
El constitucionalista Eduardo Barcesat apuntó que los jueces «hacen política», y que hay «que procurar que esa política no afecte la idoneidad y la imparcialidad».
