Los parlamentarios reclamaron dejar sin efecto la medida a pesar que este argumento ya recibió una desmentida del Gobierno.
Diputados de la oposición, en su mayoría ´pertenecientes al interbloque Cambiemos, le pidieron al presidente, Alberto Fernández, que deje sin efecto la resolución que que suspende la aplicación de la norma.
Según expresaron los correligionarios cercanos a Alfredo Cornejo y Luis Petri, el presidente boliviano depuesto “ha vulnerado las reglas a la que debe someterse en su condición de asilado y de peticionante del beneficio de refugiado”. También cargaron contra el gobierno nacional por dicho tema.
El legislador del Interbloque Juntos por el Cambio entiende que la funcionaria ataca "una de las instituciones operativas que más ha luchado contra el narcotráfico como Gendarmería".
El oficialismo en la Cámara baja convocó a sesionar este jueves a las 11 con ese único proyecto. La ley es impulsada por un grupo de ciudadanos encabezados por Gastón Marra y Fanny Maldembaum.
El diputado nacional Luis Petri considera que la aplicación de esta materia alienta a los jóvenes "a modificar sus actitudes y conductas, y les ayuda a adaptarse a las tendencias vinculadas al cambio climático”.
La iniciativa se propone que las personas condenadas por corrupción estén impedidas para ser candidatas y se debatirá este martes en comisión en la Cámara baja. El objetivo del oficialismo es tratarlo en el recinto antes que finalice 2019.
Por iniciativa de dos legisladores de la UCR en Cambiemos, se harán Paso en aquellas categorías en las que se inscriban dos fórmulas y se suspenderá la categoría a presidente ya que todas las fuerzas políticas llevan una sola.
Oficialistas y opositores llevan el debate del tema a todos los ámbitos. Los mismos argumentos que se escucharon en la Bicameral ya son de dominio público.
La firma del presidente de la comisión, el diputado Marcos Cleri, validó como dictamen de mayoría el rechazo de la decisión presidencial. Se necesitará que sea votada por mayoría en ambas cámaras para que los decretos pierdan vigencia.
El proyecto prevé una multa de 3 mil hasta los 20 mil pesos, si las víctimas son menores de 18 años o el autor del acoso sea un funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, serán de entre 5 mil y 30 mil pesos.
La Cámara baja aprobó las reformas que impuso el Senado al proyecto que condiciona el cumplimiento efectivo de las penas o salidas anticipadas a quienes cometieron violaciones, muertes por torturas, robos con armas, trata de personas, o narcotráfico.