En ese sentido, la cantidad de personas con cuentas continuó en aumento, alcanzando los 35,7 millones, acercándose así a un nivel de cobertura equivalente a casi la totalidad de la población adulta.
A pesar de que las tasas de empleo y de actividad económica mostraron mejoras en el primer semestre del año, la pobreza y la indigencia aumentaron. El CEPA analizó las causas que llevaron a esta situación y, al fuerte aumento de productos básicos como alimentos, le sumaron el atraso de los salarios, jubilaciones, asignaciones y planes sociales.
A nivel nacional, un 40,1% de la población fue pobre al terminar el mes de junio. Sin embargo, hubo ciudades y regiones que superaron esta cifra, como Resistencia, Concordia, los Partidos del Gran Buenos Aires y el Gran Santa Fe.
El informe precisó que junio registró un disminución de 2,1% en relación a mayo, mientras que frente a igual mes de 2022 la caída fue de 2,0%.
Entre enero y julio, la recaudación de las provincias argentinas fue de un billón 689.022,8 millones de pesos: los ingresos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe explican el 75% de este total.
Según Cancillería, entre enero y junio Argentina realizó exportaciones por US$ 44.377 millones, con una fuerte presencia de productos industrializados.
El Fondo de Asistencia Educativa de Rosario realizó tareas de reparación y reposición de elementos vandalizados o robados, como así también trabajos de herrería, plomería, electricidad, desmalezado, desinfección, limpieza de tanques, albañilería, pintura y retiro de mobiliario.
Entre enero y junio del 2022 se transportó una cifra que no se registra desde 1992, dentro de la cual los productos agrícolas, que incluyen soja, maíz, trigo y girasol, representaron el 54% de la carga.
En el primer semestre del 2021, la provincia de Santa Fe realizó exportaciones por 8.915 millones de dólares, representando más del 25% del total nacional y siendo sólo superada por Buenos Aires.
En junio, la liquidación del sector agroexportador llegó a US$ 3.358.404.256 y acumuló US$ 16.659.735.690 en el primer semestre, registrando el máximo nivel alcanzado para el período en los últimos 18 años.
En el 46% de los casos hubo lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes por ausencia estructural del Estado. El 54% de los crímenes restantes corresponden a hechos de violencia física que no terminó en muerte.
Un informe de Procuvin reveló que la mayor parte de las muertes se produjeron en los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza. Seis fallecimientos fueron catalogados como traumáticos, ya que se produjeron a causa de "actos lesivos".