La medida surge después de que el viernes los empleados recibieran telegramas informando la reducción de la jornada laboral a 4 horas, lo que implica también una reducción del salario.
A fines de diciembre la empresa solicitó un Proceso Preventivo de Crisis, con el objetivo de justificar el despido de operarios. Posteriormente, desvinculó a quince empleados y se negó a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
La empresa solicitó el Proceso Preventivo de Crisis argumentando pérdidas económicas tras las medidas de fuerza del gremio en 2022.
De esta manera, las autoridades nacionales ratificaron que la empresa tiene la obligación legal de abonar el 100% de los salarios adeudados, los cuales comprenden los meses de abril, mayo y junio, sumado al aguinaldo correspondiente.
El club cordobés pidió procedimiento preventivo de crisis y Trabajo lo citó junto a Utedyc para una audiencia de mediación.
