El gobierno independentista catalán admitió que la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre quedó alterada tras las operaciones policiales contra su infraestructura y algunos de sus altos cargos, contestadas con manifestaciones separatistas en Barcelona.
Miles de manifestantes coparon las calles pacíficamente para protestar contra el gobierno español, y reafirmar su determinación de votar en el referéndum independentista convocado para el 1 de octubre.
Según anunció el ministerio de Interior, 1,3 millones de octavillas, folletos y afiches fueron descubiertos en una comuna cerca de Barcelona, material prohibido por la justicia española.
El acto se dio luego de que esta semana la Fiscalía General anunciara que citará como imputados a los alcaldes que colaboren con la organización del plebiscito, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Los independentistas catalanes, encabezados por el presidente regional Carles Puigdemont, lanzan la campaña por el sí en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre prohibido por la justicia.
Las órdenes fueron transmitidas personalmente a las cúpulas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra. La tensión entre el ejecutivo central y los dirigentes regionales se evidenció en una sesión en el Senado.
Este lunes decenas de miles de independentistas catalanes se congregaron en Barcelona en una exhibición de fuerza, a tres semanas del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre que las instituciones españolas quieren impedir.
El presidente del gobierno español anunció que presentó recursos de inconstitucionalidad contra la ley que los indepentistas aprobaron y para el decreto de convocatoria del 1 de octubre.
Carles Puigdemont prometió de nuevo este domingo no acatar órdenes de la justicia española, asegurando a pocos días de la convocatoria que permanecerá en el cargo si la justicia ordena su suspensión por haber intentado organizar la consulta.
De aprobarse definitivamente, el país comenzaría a transitar importantes cambios institucionales a partir de 2019 para cambiar del sistema parlamentarista actual a uno presidencialista.
Con el 80% de las mesas escrutadas, la propuesta para modificar la Carta Magna alcanza el 53,6 por ciento de los votos. De esta manera, la potencia regional abandonará su sistema político parlamentarista para instalar un presidencialismo.
El polémico proyecto impulsado por Erdogan concentra mucho poder en sus manos y abre la puerta a que pueda ser presidente hasta 2029 o, incluso, hasta 2034. Se define la continuidad o no de la democracia parlamentaria turca.