El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en las que se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas y de fuego.
El Gobierno publicó el decreto de “modernización” de la PFA, que le otorga nuevas facultades como acceder a bases de datos públicas y privadas, requisar sin autorización judicial y espiar redes sociales.
Luego de la viralización nacional de los reclusos en la cárcel de Piñero, la Defensora Pública de Santa Fe le pidió al Ejecutivo provincial que estas situaciones “no se repitan porque debemos asegurar el fin de la pena, que es el fin de la sociabilización. No queremos que haya maltrato ni humillaciones”.
La decisión judicial surge a raíz de un hábeas corpus presentado por ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, quienes, representados por un abogado, expresaron su preocupación por las requisas llevadas a cabo en manifestaciones anteriores, especialmente después de la asunción de Javier Milei.
El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, instruyó a la secretarías que tiene a su cargo para que profundicen los controles en las cárceles y en la vía pública, donde habrá todo tipo de controles en forma indiscriminada.
