El número representa un incremento de 27.173 morosos respecto de julio y equivale al 37,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), un indicador utilizado como aproximación a la población que tiene capacidad de pago efectiva o potencial, es decir, quienes trabajan o buscan hacerlo.
La medida busca incentivar la exteriorización de fondos no declarados eliminando topes patrimoniales. El oficialismo logró un amplio consenso con bloques aliados, mientras que el peronismo fue la única fuerza en votar en contra.
A diferencia de otras épocas, donde el endeudamiento de las familias se destinaba a bienes durables o semidurables, ahora el acceso a financiamiento de los hogares ocurre para sostener el consumo diario, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora propiciada por el Gobierno de Javier Milei.
El dato modifica la forma habitual de observar el problema. Una familia puede no aparecer con un nivel elevado de deuda en los registros bancarios y, al mismo tiempo, acumular varios meses de alquiler, tener saldos pendientes con el almacén del barrio, facturas de servicios sin pagar, expensas atrasadas o cuotas escolares pendientes.
En una jornada convocada por el diputado Esteban Paulón, economistas, especialistas, organizaciones de consumidores y referentes académicos analizaron el crecimiento récord de la morosidad y advirtieron sobre el riesgo de que la crisis de las familias se transforme en un problema sistémico.
