El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II para «atraer» dólares al sistema financiero

La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa estratégica del Poder Ejecutivo diseñada para reintegrar al circuito oficial una masa monetaria que el Gobierno estima en unos 170 mil millones de dólares.

La sanción representa un triunfo político para la administración Mileil, siendo la primera ley aprobada íntegramente dentro del período ordinario.

El proyecto fue aprobado con una mayoría contundente de 44 votos positivos frente a 23 negativos. El respaldo al régimen estuvo compuesto por La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Primeros los Salteños y Despierta Chubut.

En contraste, el bloque opositor mantuvo una postura firme y lo rechazó. El interbloque integrado por el Partido Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social Federal, fue la única fuerza política que votó sistemáticamente en contra de la iniciativa en las cuatro votaciones realizadas.

¿Qué significa esta aprobación?

La Ley de Inocencia Fiscal II elimina las barreras que controlaban a los grandes ahorristas para regularizar sus fondos. El cambio más significativo es la eliminación de los topes de $1.000 millones en ingresos y $10.000 millones en patrimonio, facilitando que capitales de mayor volumen ingresen al sistema financiero sin restricciones previas.

Además, la norma redefine la «discrepancia significativa» que permite a la ARCA (ex AFIP) impugnar declaraciones juradas. Ahora, se considerará discrepancia cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto o reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado, o cuando se utilicen documentos apócrifos.

Para incentivar la regularización, se otorga un plazo de 15 días hábiles para presentar rectificativas sin que se considere discrepancia, siempre que los saldos sean cancelados.

Restricciones a funcionarios

Para evitar cuestionamientos éticos y garantizar la transparencia, la ley establece límites estrictos para los funcionarios públicos. Quienes hayan ejercido cargos de alta responsabilidad en los tres poderes del Estado en los últimos cinco años no gozarán de la presunción de exactitud, ni de liberación de fiscalizaciones, ni de inmunidades tributarias.

Por otro lado, la ley busca dar un «alivio» al sector productivo mediante un marco de reducción automática de sanciones. En este sentido, se contempla una quita del 25% en multas formales para personas humanas, sucesiones indivisas, entidades sin fines de lucro y, especialmente, para las MicroPyMEs, buscando armonizar el régimen con el marco penal tributario vigente.