A pocos días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación designara a Horacio Rosatti como nuevo presidente para regir los destinos de la misma, la Policía Federal encaró un allanamiento a la obra social del Poder Judicial, originada por una denuncia por presunta malversación de fondos sobre el presidente de dicha entidad, Aldo Tonón.
La causa impulsada por el fiscal Carlos Rívolo, apunta directamente al titular de la obra social que fuera designado por uno de los jueces de la Corte, Juan Carlos Maqueda.
Tanto Rívolo como la jueza María Capuchetti encabezan la investigación bajo el expediente 5666/2021 bajo las estrictas condiciones impuestas por el secreto de sumario.
Por ello, El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) de la Nación se manifestó a través de un escrito al respecto, al indicar que “llama públicamente la atención sobre el oscuro manejo del presupuesto que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Parte de ese misterio comprende a la Obra Social, que dirige Aldo Juan Tonón y administra la Corte Suprema sin rendir cuentas a nadie, mediante un vergonzoso e inconstitucional sistema de loteo de sus facultades”, agregan desde el gremio.
Más adelante, señalan que “ese polémico reparto de tareas asigna al ministro Juan Carlos Maqueda la responsabilidad primaria del desmanejo denunciado en la Obra” a la que aportan por igual trabajadores y magistrados y que por ello “no es un kiosco”.
“Lamentamos que las irregularidades salgan a la luz menos de una semana después del penoso acuerdo extraordinario de la Corte, en el que se definió con el autovoto de dos de sus miembros, la nueva conducción del Tribunal”, continúa el parte del sindicato, que expone que “la justa demanda por transparentar el uso del presupuesto judicial no puede ser parte de una interna entre cortesanos”.
Así, desde Sitraju indican que el dinero de la Obra Social y de los fondos anticíclicos que maneja discrecionalmente la Corte, se nutren de su esfuerzo y que “solo respecto de la Obra Social, el dinero que duerme en plazos fijos asciende a 10 mil millones de pesos”.
“Esa insólita suma en un país golpeado por la crisis que dejó la pandemia, es producto de obras de infraestructura sin ejecutar, vacantes sin cubrir, y prestaciones médicas o para turismo, que no se cumplen o que se podrían brindar de mejor manera”, añaden.
Después de exigir una investigación judicial “transparente, lo más pública que pueda ser”, finaliza la nota considerando que “los jueces y fiscales del Poder Judicial de la Nación deben demostrar valentía y plena independencia, y estar dispuestos a avanzar contra la Corte Suprema, caiga quien caiga”.
