El paro de colectivos en gran parte del país por falta de pago de salarios transcurre en su cuarte día consecutivo y no se avizoran soluciones inmediatas. En este contexto el Gobierno nacional advirtió que no subsidiará más la actividad. El anuncio del Ministerio de Trabajo alertó a los trabajadores del sector y dejó al desnudo la tensión creciente con el mecanismo de pagos que sostuvo históricamente sostuvo a las empresas.
En la segunda reunión virtual que se desarrolló entre el Ministerio de Trabajo, Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la cartera de Transporte, tampoco llegaron a un acuerdo. Los representantes del Ejecutivo nacional aseguraron que no incrementarán el volumen de subsidios otorgados al sector y cada provincia deberá resolver por su cuenta el pago de sueldos atrasados.
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio la recaudación del transporte público de pasajeros cayó estrepitosamente. En ese sentido, la UTA expresó que la prestación del servicio se redujo a la mitad, y en los primeros días de la cuarentena el caudal de pasajeros fue entre le 5 y 10 por ciento de lo habitual. El los últimos días el volumen creció pero aún no se acercó a los parámetros normales.
El gremio que nuclea a los choferes de colectivos, liderado a nivel nacional por Roberto Fernández, inició un paro de actividades por tiempo indeterminado en protesta por la falta de pago de sueldos en todo el país. La única zona del país que no adhirió a la medida de fuerza fue el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital y conurbano) donde los subsidios no fueron alterados.
En Rosario, el secretario adjunto de UTA, Sergio Copello aserguró que «por el 50% del sueldo no vamos a trabajar» y la medida continúa hasta que se abone el 100 por ciento de los salarios.
Los empresarios de Fatap, por su parte, alegaron en la negociación ante Trabajo que sufren “un trato desigual” respecto de sus pares del transporte de larga distancia, cuyos trabajadores recibieron el pago de la mitad de sus salarios a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del Gobierno.
