La Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (APUR), realizó una grave denuncia debido a que sus representados reciben “hostigamiento, persecución y discriminación” en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En ese sentido, el sindicato que agrupa a los trabajadores no docentes asentó la denuncia en las dependencias del Ministerio de Trabajo señalando que la secretaria de administración de la casa de altos estudios, Adriana Dana, lleva a cabo “acciones arbitrarias” sobre los afiliados al gremio.

“La situación planteada por la señora Dana resulta intolerable. Por diferencias de criterio respecto de su política gremial persigue a la gran mayoría a nuestros afiliados”, expuso el secretario general de APUR, Miguel Roldan.

Según comunicaron de la entidad gremial, lo que torna más grave la conducta de la denunciada es que “es ostensible cómo beneficia a trabajadores por el solo hecho de compartir su orientación política”, agregó el dirigente gremial.

A modo de ejemplo, APUR ofreció en su denuncia la situación sobre la presencia y puntualidad a la que deben ajustarse los trabajadores no docentes de tal institución académica.

“Un grupo privilegiado de no docentes adictos a la señora Dana no firma documentos de ingresos o asistencia y pueden llegar a horarios según su conveniencia”, narraron desde APUR y contrariamente, “el 85 por ciento de trabajadores que son afiliados al nuestro gremio están obligados a una asistencia puntual y a firmar libros o documentación con horarios de ingreso y egreso”, afirmaron.

En resumen, “quienes dirigen las relaciones laborales en el establecimiento practican un evidente y palmario trato discriminatorio contra afiliados a este gremio”, es la queja del gremio.

Asimismo, desde la organización que agrupa a los no docentes aclararon que se están violando principios establecidos en el convenio 98 y resolución 195 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según dijeron desde el gremio, dichos principios están reflejados en el Régimen Colectivo de Trabajo (RCT) que, “impone deberes de conducta a los empleadores” y por ello pidió la intervención del Ministerio de Trabajo en esta cuestión.