Las empresas de servicio de la industria petrolera privada que operan en Neuquén solicitaron permiso al Gobierno nacional para suspender a unos 10 mil trabajadores como consecuencia de la caída de la producción, en medio de la crisis internacional del crudo, trascendió este jueves.
La nota con el pedido de autorización también fue enviada por la CEOPE al Ministerio de Energía y Minería, que encabeza Juan José Aranguren, en la cual solicitó el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
La cantidad de operarios que buscan suspender las compañías representa aproximadamente un 20% del total en el sector.
La presentación agravó la preocupación por el impacto de la crisis petrolera, ya que Neuquén viene recibiendo un precio sostén de 67,5 dólares por barril, mientras que Chubut percibe uno muy inferior, de 54,9 dólares.
«Si esto ocurre en Neuquén, qué puede llegar a pasar en Chubut», dijo una fuente del sector petrolero.
La entidad privada justificó su reclamo en la baja de producción determinada por la abrupta caída del precio del barril de crudo a nivel internacional y las dificultades para sostener la actividad con elevados costos.
«Esta crisis global podría generar en la Argentina la afectación de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios», advirtió la entidad empresaria.
Voceros de la Cámara aseguraron que si la cartera laboral de Jorge Triaca acepta el Procedimiento Preventivo de Crisis las cesantías se aplicarán de inmediato, publicó el portal Ambito.com.
«Todos ayudan de alguna manera. Las empresas de servicios pagan el 40% ó 50% del sueldo y esperamos que las operadoras nos reconozca algún costo. El Gobierno contribuye y no cobra las cargas sociales y los trabajadores se quedan en sus casas hasta que haya un repunte para volver a trabajar», indicaron los
voceros.
Se trataría, entonces, de una suspensión de parte de empresas de servicios como Schlumberger, Geopatagonia, Texproil, Weatherford, San Antonio, Bolland y Baker Hughes, entre otras.
El PPC es una herramienta contemplada en el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo y se la conoce como la suspensión subsidiada, que surgió durante los ´80 con el Gobierno Raúl Alfonsín.
La iniciativa fue legislada en los ´90 con la administración de Carlos Menem y se utilizó en las gestiones de Fernando de la Rúa, y de Néstor y Cristina de Kirchner, para evitar que las empresas despidan directamente.
