Fuerte rechazo sindical a la Resolución que equipara a buques reconstruidos con los nuevos
Dos organizaciones gremiales presentaron un reclamo formal ante el Consejo Federal Pesquero y advirtieron que la medida puede desincentivar la construcción naval en el país, aumentar el esfuerzo pesquero y poner en riesgo a las tripulaciones.
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (Saonsinra) pidieron la derogación de la Resolución 190/2026, que permite tratar como buques nuevos a embarcaciones reconstruidas en más de un 60 % para acceder a beneficios de capacidad pesquera.
El planteo fue presentado ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) y lleva las firmas de los titulares de ambas organizaciones gremiales, Mariano Moreno y Juan Speroni.
La medida, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, abrió un frente de conflicto en el sector marítimo y pesquero, según consignó la agencia Mundo Gremial.
Para el Centro de Patrones, la regla borra una diferencia que consideran clave: “Reconstruir no es construir”.
En la misma línea, sostienen que permitir que barcos con partes originales compitan con unidades recién botadas compromete estándares laborales y de seguridad.
Los gremios remarcaron que el problema no pasa solo por el porcentaje de obra realizada. También apuntaron a la fatiga de materiales, la estabilidad, los sistemas de emergencia y la distribución interna de los barcos, que en muchos casos responde a diseños antiguos.
Para el gremio, eso puede traducirse en camarotes, comedores y espacios de trabajo menos adecuados para las tripulaciones.
En tanto, el Saonsinra fue más allá y habló de una “estocada final” para la industria naval pesada argentina.
Según su planteo, si las armadoras pueden obtener los mismos beneficios con reconstrucciones parciales, bajará el incentivo para encargar buques nuevos en astilleros nacionales y crecerá el riesgo de que la actividad quede reducida a reparaciones y mantenimiento.
También hubo reparos por el impacto sobre el caladero, ambos advirtieron que sumar capacidad sin un estudio del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) puede aumentar la presión sobre el recurso, alargar las mareas y complicar el trabajo tanto a bordo como en tierra.
Las dos organizaciones reclamaron que el CFP no convalide la resolución y pida su revocación formal.
El conflicto ya no es solo técnico: también toca aspectos vinculados con el empleo, la industria, la seguridad y el futuro mismo de los astilleros argentinos.