El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles (Sgymgmra), que conduce Roberto Coria, decidió el estado de «alerta» ante lo que calificó como «maniobras» en el proceso de normalización de la Administración General de Puertos (AGP) a partir de la creación del “Puerto de Buenos Aires Sociedad del Estado”, informó el gremio.
«Luego de tres décadas, ahora se producen movimientos en el intento de normalización de la AGP con la creación del ‘Puerto de Buenos Aires Sociedad del Estado’, como paso previo al traspaso del puerto federal al gobierno de la ciudad. No hay dudas de que ello se motiva en un negocio inmobiliario”, denunció Coria, quien integra la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que lidera Juan Carlos Schmid.
El dirigente explicó que «los sindicatos detectaron un mecanismo por el que se designó a directores afines a la gestión del titular de la AGP, Gonzalo Mórtola, con mandato de tres años, a fin de garantizar el manejo de la licitación de las terminales portuarias».
Coria sostuvo además en un comunicado que esa «maniobra» también incluye «la privatización de los terrenos de Puerto Sur y de la Isla Demarchi con exclusivos fines inmobiliarios, y la transferencia del Puerto Buenos Aires al gobierno de la ciudad».
La AGP ya elevó al Ministerio de Transporte el proyecto de creación de una Sociedad del Estado, que absorberá a ese organismo, como parte del proceso de transferencia, dijo Coria, quien reseñó que en septiembre último los gremios realizaron una denuncia penal.
Los sindicatos portuarios señalaron que existe «un borrador de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno difundiría antes del 2 de diciembre próximo», y denunciaron que hay «un festival de nombramientos apurados en la AGP», luego del pase a planta permanente de 19 gerentes y subgerentes con salarios superiores a los 120 mil pesos mensuales, quienes ingresaron entre 2016 y 2017 como personal contratado.
«Hay tres terminales que administran la carga y descarga de los barcos. Un proyecto plantea que solo sobreviva un operador, por lo que quedarían afuera las empresas y se desvincularía a trabajadores ante el vencimiento del pliego de licitación», dijo Coria, quien explicó que «una sola terminal dejará en la calle a 900 operarios» y que «la idea del gobierno es achicar la operación para luego desaparecer y hacer un proyecto inmobiliario».
Para Coria, es «imposible» que cualquier iniciativa «no contemple a los 1.650 trabajadores portuarios», aunque detalló que «el modelo oficial de que opere una sola terminal monopolizará la carga, achicará la mano de obra y un solo dueño controlará el sector».
Por último, Coria exigió «la inmediata suspensión de los pliegos de licitación, que se abrirán el 2 de diciembre», para rediscutir luego «la forma del nuevo puerto de aguas profundas a partir del cambio del mundo y del calado de los barcos, por lo que se impondrá otra infraestructura, naves más grandes, formación y permanente capacitación».
