La secretaria general del sindicato de Modelos, Noé Ruiz, encabezará mañana un inédito acto de mujeres sindicalistas de la CGT para reclamar la ratificación de un convenio impulsado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
La ceremonia se realizará desde las 16:00 en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT de la calle Azopardo, adonde asistirán también uno de sus secretarios generales, Héctor Daer, y el secretario de Relaciones Internacionales de la central, Gerardo Martínez.
El domingo pasado, el presidente Alberto Fernández anunció en su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que enviará al parlamento el proyecto de ley para la ratificación del Convenio 190 de la OIT.
«Mujeres sindicalistas han trabajado en conjunto durante los últimos tres años por este convenio que no ha tenido visibilidad en más de 40 años de existencia», sostuvo la CGT en un comunicado, en el que remarcó además que un acto de mujeres gremialistas no tiene «precedente alguno» en la historia de la central obrera.
Noé Ruiz, además de liderar el gremio de Modelos, se desempeña como secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT, y es una de las dos mujeres que integran el Consejo Directivo de la central, junto a la titular del sindicato Asociación de Médicos, Sandra Maiorana.
El Convenio 109, que fue aprobado por la OIT en junio pasado, apunta a «adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso» en los lugares de trabajo de «todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales».
Si bien las definiciones de «violencia» y «acoso» varían en cada país, la OIT definió esos conceptos como «un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables» que «tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos».
El convenio exhorta a «velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo; prever sanciones; desarrollar herramientas y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible».
También recomienda «garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes».
Una vez que el convenio sea ratificado por el Congreso, adquirirá la misma jerarquía de los tratados internacionales y deberá ser cumplido por el Estado.
