Economistas de la Organización Internacional del Trabajo estudiaron distintas experiencias y señalaron que la expansión de la tecnología por estos medios puede generar un fuerte deterioro en las condiciones laborales si el proceso no es acompañado por regulaciones.
La central obrera señaló que “en tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables de precios, establecer un piso social es necesario e impostergable”. Subrayó que el Gobierno tiene la “más absoluta ajenidad” frente “al drama social”.
El gremio que nuclea a los trabajadores estatales indicó que esta convocatoria de última hora no desalentará la participación en la movilización del jueves próximo, ya que dicha protesta tiene un paquete de reclamos que va más allá de la cuestión salarial.
La presentación de las tres centrales argentinas fue respaldada por las Confederaciones Sindical de las Américas (CSA) y Sindical Internacional (CSI).
La reunión de este miércoles sumó una docena de testimonios de sindicalistas, representantes del sector empresario, académicos y abogados del fuero, que mostraron diferentes posiciones en relación con la iniciativa.
Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro se congregarán en el Obelisco porteño para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. La denuncia ya llegó a la Organización Internacional del Trabajo.
El vicepresidente de Política Social de la Unión Industrial Argentina, Julio Cordero, expuso una postura contraria a la reducción de la jornada laboral y preguntó: "¿Para qué trabajar menos; para ir afuera a hacer qué?". Estas manifestaciones cosecharon el rechazo de diferentes actores, entre ellos la titular de la cartera laboral.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat sostuvo que con la reforma de la constitución jujeña, su gobernador "tiró abajo la pirámide del orden jurídico positivo argentino" y "revela que la represión encubre la un interés que no es el del pueblo si no los recursos como el litio".
La abogada jujeña explicó a los miembros de la Comisión que presentó un escrito para constituirse como querella "ante la Justicia Federal, estamos esperando que se nos dé la intervención,y esté a la altura teniendo en cuenta que en la provincia no hay justicia”,
La conclusión conjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de la Organización Internacional del Trabajo subraya que esas variables siguen existiendo a pesar del retorno a la actividad laboral previa a la pandemia.
Los pueblos indígenas cuentan con frondosa legislación que protege sus derechos y que obliga a los Estados (nacional, provincial y municipal) a consultar y obtener fehacientemente el consentimiento de las comunidades afectadas de toda medida que se tome en sus territorios.
El abogado constitucionalista Jorge Cholvis llamó la atención sobre las prerrogativas que se autoadjudica la nueva norma provincial y advierte que pretende desconocer al Estado Federal, al Congreso de la Nación y se arroga facultades penales para sancionar de por vida a funcionarios del Poder Federal.