La CGT reclamó este lunes al Gobierno nacional «la inmediata reapertura de las paritarias, el pago de un bono universal de 5.000 pesos antes de fin de septiembre, el refuerzo de partidas presupuestarias para comedores escolares y la inmediata declaración por ley de la emergencia alimentaria», durante una reunión con los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley y de Producción y Trabajo, Dante Sica.
En las horas previas a la reunión también se estudiaba plantear la problemática de las obras sociales. “Vamos a reclamar por la emergencia sanitaria, el aumento en los costos nos pega a todos y queremos una solución”, dijo el abogado de gastronómicos, Horacio Ferro.
En las obras sociales aseguran que la situación es “desesperante” ya que los medicamentos importados se volvieron impagables tras registrar aumentos superiores al 20% y lo mismo ocurre con algunos los tratamientos complejos que son motivo de amparos judiciales y preocupación en los sindicatos.
Uno de los gremios más perjudicados es el de Empleados de Comercio, por la deuda del Gobierno, que en total, ronda los 1.500 millones de pesos.
Por caso, un remedio de origen extranjero que valía $3 millones pasó a costar $3,5 millones en el último mes. El salto del dólar también impactó en los reactivos químicos, que tuvieron un incremento del 40%, por lo que los proveedores exigen subas de hasta el 25% bajo amenaza de suspender sus servicios a las entidades de salud sindicales.
La dirigencia sindical busca una señal de alivio para sus obras sociales, que atienden a 18 millones de personas. A diferencia de las prepagas, que ahora fueron autorizadas para ofrecer planes “low cost”, los gremios no tienen la posibilidad de limitar la atención a sus destinatarios.
Las últimas negociaciones por las obras sociales fueron en abril pasado, en vísperas de la marcha concretada el 4 de ese mes por la CGT. Con esa medida masiva pero breve, la central aplazó un quinto paro general que finalmente ocurrió el 29 de mayo pasado. Cuatro días después de la marcha, Macri decretó la reasignación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a las obras sociales por más de $13.000 millones.
En la actualidad, los reintegros alcanzan los $1.200 millones mensuales según cálculos oficiales, una cifra que resulta insuficiente en la CGT frente a la magnitud de los aumentos en las prestaciones.
