Por Alejandro Maidana

No hay escape para aquellos que persiguen la tranquilidad y el equilibrio que no pueden brindarles las grandes metrópolis. Las escapadas o el traslado de la vida a lo que tiempo atrás era considerado como el <campo>, hoy cuentan con un aditamento para nada agradable y sumamente comprometedor para la salud, las fumigaciones.

El modelo agroindustrial, opulento y desprejuiciado, ha podido echar raíces (en realidad tentáculos) a lo largo y ancho de un país que grita su hartazgo ante tamaño avasallamiento de derechos por parte de quienes dicen ser “el corazón del país”. Nada ha quedado de los maravillosos colores, de los profundos olores, y la variedad de especies animales y vegetales que hacían que la relación con la tierra, nos enamorará perdidamente.

>Te puede interesar: La Red Federal de Docentes por la Vida sigue expandiéndose en conciencia y organización

Hoy Tandil vive una verdadera pesadilla, esa que se repite de distintas formas pero con el mismo personaje oscuro, el coctel de químicos (venenos) que utiliza el agro para garantizar su cosecha. Días atrás la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani, no dudaron a la hora de tomar un posicionamiento comprometido sobre el tema, ya que un grupo de vecinos del paraje La Porteña, había realizado una denuncia contra la empresa que arrienda un lote lindero a la Escuela 33, por fumigar sin respetar la distancia regulada por ordenanza.

El dato que alarmó y puso nuevamente en el tapete la discusión sobre qué tipo de producción agrícola necesita el pueblo, surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito. Fue la investigadora Graciela Canziani quién brindó una noticia para nada agradable, todos los establecimientos escolares estaban contaminados con agroquímicos biocidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, supo destacar Canziani.  Las escuelas de Santa Teresa y La Porteña son las que más concentración de productos químicos arrojaron.

La inocencia robada en los campos fumigados

La población infantil se encuentra atravesada hasta la médula por un modelo envenenador y despiadado, mientras que muchos de los chicos conocen de la peligrosidad a la que están expuestos, otros cultivan el desamparo que impulsa la ignorancia. Claro, si a su vida de niño se la devoró la necesidad de subsistencia a como dé lugar.

>Te puede interesar: Docentes rurales: cuando los pizarrones gritan su rebeldía

Muchos de los estudiantes son banderilleros de la lluvia mortal que llega en forma de aspersiones aéreas, mientras que otros, cargan dos mochilas, una repleta de útiles que persigue un sueño emancipatorio, y la otra, repleta de agroquímicos que utilizan para asperjar los campos empujados por un sistema que los obliga a tenderles una mano a sus padres para poder sobrevivir, vaya paradoja.

Alumnos de educación primaria, niños y niñas, la inocencia robada para ser explotada en las peores condiciones de salubridad, una clara demostración que este modelo de productivo no tiene nada, ya que siempre buscó fumigar la conciencia.

Las voces de los vecinos se alzan contra las permanentes violaciones a los derechos humanos

En la ordenanza 219/11, el Municipio exige que en caso de tener que llevar adelante fumigaciones a menos de 150 metros de las viviendas, el productor debe informar con 24 horas de anticipación ante las autoridades, presentar el plano de la zona e información sobre el químico que se usará.

Silvia Gómez es vecina del lugar, en diálogo con Conclusión indicó que “aquellos que vivimos en el barrio <La Porteña>, distante a 5 km de la ciudad, venimos denunciando continuas fumigaciones en inmediaciones de la Escuela n°33.  Eso nos empujó a confeccionar una carta que fue entregada por mesa de entrada al municipio con la firma de unos 40 vecinos, en lo particular hace 9 años que vengo realizando las mismas denuncias sin obtener una respuesta favorable”.

El silencio de la secretaría de medio ambiente municipal, junto a un intendente que lleva 16 años en funciones, comienza a exasperar a aquellos que no se resignan a ser rehenes constantes del agronegocio. “Perseguimos una nueva ordenanza, la actual habla de solo 150 metros y 300 para los productos de banda roja. Aquí la lucha es ardua y desigual, ya que se manipula mucha información a través de los medios locales, allí buscan desacreditarnos de todas las formas posibles para poder justificar su accionar por fuera de la ley”, indicó la vecina.

Te puede interesar: Docentes rurales contra los agrotóxicos: “La nuestra no es una tarea fácil, exige entereza y sabiduría”

La palabra hegemónica es patrimonio de los productores, avalada por un Estado que en más de una oportunidad, demuestra a las claras su desinterés por los derechos vulnerados de quiénes jamás retrocederán en sus justos reclamos. “Tandil al igual que muchas zonas de Santa Fe, tiene una fuerte presencia del lobby sojero, más del 50% de la población posee campos que son trabajados de forma química, dejando muy relegados a los pocos productores agroecológicos. Es preciso destacar que al tener este lugar un mismo intendente desde el 2003, las relaciones con distintos actores sociales, como por ejemplo la directora y distintos padres del establecimiento educativo en cuestión, ha generado una división ostensible entre aquellos que propugnamos un cambio de paradigma, con los que sostienen que no se debe alzar la voz contra esta manera de producir”.

Empujada por la presión de la angustiante situación, la dirección de la escuela convocó a la <Mesa de Escuelas Rurales>, siendo las voces cantantes la de un ingeniero agrónomo de Aapresid, y una ingeniera del INTA. “La charla que nos brindaron resultó ser lamentable, no esperábamos otra cosa, ya que la <Mesa de Escuelas Rurales> está integrada por referentes de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). Es muy clara la idea, meterse en las escuelas para bajar una línea que sostenga la inocuidad de los productos agroquímicos al que llaman fitosanitarios”.

>Te puede interesar: Escuelas Rurales: cuando lo que se busca fumigar es la conciencia

La realidad de las escuelas fumigadas es irrefutable, por más que los adláteres de los agrovenenos sigan insistiendo en la idea de minimizar sus efectos sobre la salud. “Después de esta movida que se masificó, la organización de los sectores del agro no tardó en concretarse. Son muchos los sectores del campo que rápidamente salieron a contestar y a presionar como es su costumbre, a los distintos sectores del Estado. El monstruo es muy grande, pero no vamos a ceder un metro en esta lucha”, concluyó Silvia.

Quién también sumó su posicionamiento, fue Pablo Orcajo, vecino de Gardey, otro de los pueblos del departamento de Tandil. “Hace 10 años que visitamos este pequeño pueblo agrícola de no más de 1.000 habitantes, y 5 que nos instalamos en él. Lo primero que me llamó poderosamente la atención fue que en la Plaza principal del pueblo echaban herbicidas para matar a los yuyos, sumado a los mosquitos fumigadores que circulaban libremente por el pueblo, situación que nos empujó a elevar algunas quejas pero sin encontrar respuesta alguna”, comentó.

La necesidad de organización se impuso, “junto a otros vecinos elevamos cuatro cartas, una a medio ambiente de Tandil, y las otras al intendente, a la defensoría del pueblo y al delegado. Después de lograda la reunión que impulsamos, se hizo hincapié en la reforma de una ordenanza que ha quedado muy atrás en el tiempo. Destacando principalmente la necesidad de lograr que se deje de asperjar glifosato en la Plaza, que los mosquitos aplicadores dejen de circular por el interior del pueblo, se deje de acopiar bidones de agrotóxicos en el ejido urbano y la necesidad de contar con un receta agronómica para poder fumigar”.

>Te puede interesar: Murió de cáncer una maestra rural que luchaba contra los agrotóxicos

Pero claro, nada de esto se llevaría adelante y la problemática iría en aumento. “Debido a la falta de respuestas sinceras, nos organizamos junto a otros grupos, la visibilización del caso de la escuela n°33 nos levaría a redoblar la apuesta y a tejer en conjunto otras estrategias. Después de la investigación de Graciela Canziani que arrojaría que más de 15 escuelas tienen en sus suelos altos índices de biocidas, el alerta fue aumentando. Meses atrás ingresó al municipio un nuevo proyecto de ordenanza impulsado por Claudio Lowy y Graciela Canziani, pero tenemos la certeza de que no podemos esperar hasta que la misma se apruebe, ya que mientras tanto nos van a seguir fumigando, es por ello que están interviniendo 3 abogados para tratar de lograr algún tipo de protección”.

La conciencia avanza al mismo paso de las enfermedades, tratando denodadamente de que la primera se imponga de manera definitiva para poder frenar a esta última. “Es imposible ocultar el daño que origina este modelo agrícola, las enfermedades respiratorias y los casos de cáncer aumentan día tras día. Un tema que no es menor, es la permeabilidad que tienen las escuelas rurales para con Aapresid, a través de una donación, cualquiera sea, ya consiguen el pasaporte a dar charlas que no hacen otra cosa que confundir y manipular la información”.