La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) destruyó este viernes más de diez mil armas de fuego provenientes de decomisos realizados por el Poder Judicial y de bajas patrimoniales de fuerzas policiales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, y del Banco de la Nación Argentina. Con este nuevo lote de armas destruidas se alcanza un número de casi 440.000 armas de fuego destruidas desde el año 2000 y más de 10 toneladas de municiones convencionales.
El acto, enmarcado en el séptimo aniversario de la primera marcha del movimiento Ni Una Menos, estuvo encabezado por el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, Julio Alak; la directora Ejecutiva de ANMaC, Natasa Loizou; y la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, Gimena del Río.
Las armas de fuego son uno de los principales instrumentos con los que se cometen femicidios: en 1 de cada 4 casos el crimen es ejecutado con un arma de fuego, y 99 de cada 100 usuarios son varones.
En ese sentido, Loizou expresó que “para todas nosotras, funcionarias y trabajadoras, que formamos parte de un gobierno que impulsa una agenda de políticas públicas orientadas a reducir las violencias contra las mujeres y diversidades, es muy importante esta acción que realizamos hoy. Este 3 de junio, a 7 años del primer Ni Una Menos, alcanzamos las 40 mil armas destruidas en nuestra gestión y 440.000 armas en los últimos 20 años».
Agregó: «Estamos reactivando una política interrumpida por el gobierno anterior, destruyendo armas del delito, secuestradas gracias al trabajo articulado con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. Es la realidad concreta de las políticas de control de armas, de prevención de las violencias y la persecución del delito».
El procedimiento de destrucción se conformó de dos etapas: la primera, llevada a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC), donde se efectuaron los controles registrales y notariales correspondientes. Bajo la custodia de la Policía Federal Argentina (PFA), se procedió al traslado de las armas de fuego a la planta de la empresa Scrap Service S.A, donde se procedió a la destrucción por triturado y fundición de las mismas, bajo estrictos protocolos de seguridad. Todo lo actuado fue certificado por parte de la Escribanía General de la Nación.
Las armas de fuego provenientes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Entre Ríos, se destruyeron en el marco de la Ley 25.938 de secuestro y decomiso por comisión de delito; mientras que las de La Pampa, Santa Fe y Banco de la Nación Argentina, en el marco de la Ley 20.429 de bajas patrimoniales de dotación de las fuerzas policiales. La mayoría de estas armas han sido decomisadas por el Poder Judicial en el marco de procedimientos de investigaciones judiciales, extraídas de los circuitos ilícitos y de la comisión de diversos delitos, entre ellos hechos de violencia de género.
