Las mujeres representan el 54% de todo el sistema de justicia argentino. Sin embargo, sólo ocupan el 25% de los cargos de mayor jerarquía. Este dato, revelado por una ONG dedicada a la «investigación y diseño de políticas públicas» pone el foco en la falta de perspectiva de género de los criterios de selección de jueces y juezas que prolonga la inequidad en los cargos y la desigualdad de oportunidades, a pesar de que, en promedio, las mujeres están más capacitadas. 

La investigación realizada por la organización Fundar, revela el inexpugnable «techo de cristal» del sistema judicial argentino, una limitación al acceso de los cargos de mayor relevancia sólo relacionado con la condición femenina. «Existen barreras invisibles que desalientan a las mujeres a competir para ocupar puestos de mayor decisión y jerarquía», revela el estudio. ¿Cuáles son estas barreras?

Techo de cristal y falta de perspectiva de género en los requisitos para concursar

Uno de los resultados más importantes obtenidos muestra que, en promedio, solo un 23% de las personas que se inscriben a estos concursos son mujeres, nivel que se mantuvo relativamente estable en los 20 años analizados, a pesar de los avances en materia de género. Sin embargo, una vez que se inscriben, las mujeres avanzan con mejores resultados que los varones en las sucesivas etapas de los concursos. El porcentaje de participación femenina va aumentando en cada etapa: pasa del 23% inicial al 32% en la etapa final.

El informe apunta que las mujeres «son el 54 % del total del personal, el 58% del equipo administrativo y el 56% del funcionariado, pero apenas el 25%  de los cargos más altos, de Ministros/as, Procuradores/as generales y Defensores/as generales».

En ese sentido, asegura que «si bien el proceso de selección se presenta como un proceso neutral y meritocrático, sus características tienen un impacto diferencial en mujeres y varones». Y consigna: » El problema del “techo de cristal” en el Poder Judicial no puede pensarse de forma aislada, sino que está relacionado con la tensión entre la vida familiar y la laboral, y en cómo esta repercute de manera distinta para hombres y mujeres en detrimento de ellas».

A pesar de que las mujeres suelen obtener mayor puntaje tanto en los exámenes de oposición como en los antecedentes y en los resultados finales), el trabajo de investigación remarca «la falta de perspectiva de género de la normativa del concurso» a lo que se suma «la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional y la autoexigencia a la hora de presentarse» como eventuales limitaciones a las posibilidades de las aspirantes femeninas a cargos de alta jerarquía.

«Los concursos fueron diseñados con la experiencia masculina en mente y son ciegos a las situaciones que enfrentan las mujeres», explica el informe, a la vez que señala que se «sobrevaloran aspectos como la producción jurídica, escribir libros o artículos, o acceder a cursos de capacitación y especialización, por sobre la idoneidad y la capacidad en la resoluciones judiciales».

Con la mirada en los concursos

Sobre estos puntos, la directora del área de Justicia de Fundar, Johanna Cristallo, explicó que la mirada debe estar puesta en los concursos para la designación de jueces, porque no tienen en cuenta la falta de políticas de cuidados y la desigualdad estructural.

«Los cargos de jueces y juezas se concursan, eso quiere decir que, para llegar, hay que atravesar un procedimiento reglado. Ahora bien, esas reglas que rigen estos procesos a simple vista parecen objetivas y neutrales y probablemente lo son, pero ese es el problema, no contemplan la desigualdad estructural que sufren las mujeres”.

Cristallo remarca que las reglas de los concursos presuponen que para ocupar esos cargos es necesario haber tenido una trayectoria importante en la Justicia, haber publicado libros, haber dado clases, y haber hecho posgrados. «Pero -señala- se evalúa la trayectoria en años y en cargos, se supone que cuanto más cargos y más años, más puntos mereces para llegar a la magistratura. Pero no se evalúa, por ejemplo, tareas de gestión, o tu nivel de desempeño en esos cargos o en tus tareas profesionales. El tema es que, si me paso todo el día trabajando es muy difícil que pueda dar clases, publicar libros, o hacer posgrados. Probablemente podré hacer algo de todo eso, pero todo es muy complicado y si tengo hijos o hijas , es más difícil aún».

La especialista enfatiza además que «las reglas que rigen los concursos ponen tantos requisitos que son incompatibles con las tareas de cuidado». «Eso genera que las mujeres lleguen más tarde o simplemente no concursen. Entonces, si no modificamos esas reglas, difícilmente vamos a romper ese techo de cristal existente hoy».

El trabajo concluye que, debido a la disparidad estructural de la sociedad, es claro que las mujeres no están en igualdad de condiciones respecto de sus pares varones. Por lo tanto, este proceso de selección de jueces y juezas no es igualitario, desincentiva la participación de las mujeres en los concursos y profundiza el techo de cristal existente.

El trabajo concluye con las siguientes recomendaciones para mejorar la política pública en los procesos de selección:

  1. Promover modificaciones reglamentarias que contemplen las distintas barreras sociales y culturales con las que las mujeres se enfrentan en la evaluación de sus antecedentes.
  2. Establecer -a medida generen vacantes- un cupo de género que garantice la equiparación en la integración de las cámaras entre varones y mujeres. Esto también incentivará una mayor inscripción de mujeres.
  3. Dar mayor peso relativo en el puntaje final a los exámenes de oposición que a los antecedentes, pues está constatado que las personas jóvenes y las mujeres rinden, en promedio, mejores exámenes.
  4. Generar evidencia empírica constante y actualizada para monitorear los datos y evaluar si se modifican o no con el tiempo los números de mujeres inscriptas a los concursos.
  5. Impulsar campañas de comunicación para incentivar a las mujeres a presentarse a los concursos.
  6. Diseñar una política presupuestaria de concursos con perspectiva de género, destinando recursos específicos a su planificación, desarrollo y evaluación.