Por Alejandro Maidana

Los gobiernos con sus delitos y la Justicia con su silencio, están contribuyendo a la generación de un clima de violencia, y serán estos actores los responsables de los hechos que ocurran en este clima, por ejemplo, ante situaciones de desborde emocional de las poblaciones afectadas. Todas estas ilegalidades deben ser observadas y se debe actuar urgentemente. De lo contrario, se está promoviendo la ilegalidad, la corrupción, la impunidad, alimentando un círculo vicioso que genera más violaciones a las leyes, más descreimiento social en las instituciones, más violencia sobre las poblaciones.

Cabe destacar que la puesta en marcha de la autovía pese a la férrea resistencia y lo ilegal de la misma, sigue su curso demoledor de derechos. Una constante en un país donde la médula extractiva se maneja sin control, ni conciencia colectiva alguna, un camino allanado hacia el cadalso socioambiental. Además de las ilegalidades ya denunciadas sobre esta megaobra, como la violación del artículo 41 de la Constitución Nacional y de todas las leyes de protección del ambiente, se le suman la falta de respuesta a los amparos presentados desde 2017.

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Un punto fundamental que no puede quedar en “saco roto”, fue el desprecio a la Audiencia Pública en donde el 90% de la población rechazó el proyecto, la falta de consulta a las comunidades indígenas, la falta de cumplimientos de las leyes de protección del patrimonio arqueológico y más. Hay un aspecto sumamente grave que padecieron los habitantes de Punilla, ya que todos los municipios violaron las leyes de Participación Ciudadana y Acceso a la Información, y otorgaron el permiso denominado “Factibilidad de Localización y Uso conforme de suelo” dando aval obedeciendo sumisamente al gobernador Schiaretti.

La empresa SACDE desoye la cautelar y continua con las detonaciones

Fran es un niño de 7 años con discapacidad que vive en Cumbre Azul (Cosquín), desde hace un tiempo viene sufriendo las explosiones en las sierras por la construcción de la Autovía, junto a sus hermanos y toda su familia. Cabe destacar que son muchas más las familias afectadas, psico-físico y emocionalmente, incluso hay viviendas que muestran daños por las detonaciones con explosivos que son contaminantes y cancerígenas.

“Esto nunca estuvo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental de esta obra multimillonaria, plagada de ilegalidades y corrupción. Situaciones similares se vivieron en 2018, con la construcción del puente en la comuna de San Roque; los daños nunca se repararon, las familias afectadas viven en riesgo constante. Se registran derrumbes y se inundan las casas entre muchas otras catástrofes evitables, las consecuencias para la salud mental han sido funestas”, sostuvieron desde las distintas organizaciones en lucha en diálogo con Conclusión.

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Es otra muestra de las violaciones sistemáticas llevadas a cabo por gobierno provincial, avalado por el nacional y con el permiso de los locales, hace que este emprende contra la población para garantizar sus negociados. Luego de una gran lucha de la mamá de Fran, y de quienes los acompañan, se logró que la Justicia ordenara una medida cautelar que suspende las detonaciones momentáneamente.

En el día de ayer, la empresa SACDE, desconociendo la orden que existía en ese momento del Juez Machado, continuó con las explosiones; se hizo la denuncia a Policía Ambiental y la respuesta fue que ellos sólo pueden intervenir si la obra no tiene licencia, entendemos que no están habilitados para hacer cumplir las órdenes judiciales. Hoy a las 13 se denunció en la fiscalía de Cosquín el desacato a la orden judicial. Todas las irregularidades y violaciones de leyes ambientales y derechos humanos que esta obra ilegal está llevando a cabo a su paso en nuestro Valle, constan en la misma. Lamentablemente la justicia es parte del problema y garante de que no exista una solución, un claro ejemplo es que la cámara contenciosa cambió la carátula ligando el amparo a lo ambiental, situación que empujó a la jueza que entiende en la causa, María Inés Del Carmen Ortiz, derogue la medida cautelar que frenaba las detonaciones con explosivos. La justicia es solo una mentira más para tenernos girando en el círculo de la nada misma”, indicaron.