Emanuel Quinteros tenía 28 años y había llegado desde Mendoza subcontratado, sufrió presiones y amenazas para continuar con actividad pese a las nulas condiciones de seguridad que garantizasen la vida. A la ilegalidad de la megaobra, se le agregó una nueva página oscura, un derrotero anclado en la impunidad y la complicidad de distintos sectores.
Los cordones montañosos vienen siendo el blanco predilecto durante décadas, por ello este megaproyecto sigue cosechando resistencias debido a su accionar ilegal. Si bien la justicia había fallado a favor de una familia damnificada a través de un amparo, un repentino cambio de carátula volvió a habilitar las detonaciones con explosivos.
Pese a que se interpuso una medida cautelar junto a una denuncia penal, la Fiscalía de Alta Gracia no se expide y las obras siguen su paso arrollador sobre el Valle. “Ninguna de las autoridades e instituciones a las que recurrimos han respondido a las presentaciones y pedidos realizados”, contaron desde la Asamblea de Paravachasca.
Desoyendo a la justicia y la resistencia de la mayoría de los habitantes, el gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras, junto a los distintos municipios y comunas, comenzó a destruir el monte para la realización de la Autovía Ruta 5. “No hay remediación posible para el deterioro irreversible que se está generando, por ello iniciamos el acampe”, sostuvieron quienes resisten el proyecto.
Los habitantes del Valle de Punilla resisten lo que sería un verdadero ecocidio. La autovía contaría con cuatro carriles y se extendería a lo largo de 45 kilómetros desde el dique San Roque hasta La Cumbre. Conclusión dialogó con el investigador del CONICET Fernando Barri.