Por Alejandro Maidana
Vecinos y distintas organizaciones solicitaron que la fiscalía de Alta Gracia se expida sobre la denuncia penal y la medida cautelar presentada en relación al proyecto de obra de la Autovía Ruta 5. Las familias que habitan el Valle de Paravachasca desde que tomaron conocimiento que se enviaría el proyecto de la obra “Autovía Variante Ruta provincial n° 5, tramo Alta Gracia – Villa Ciudad de América” a la Legislatura de Córdoba el 15 de diciembre de 2020, decidieron realizar distintos acampes. También se construyeron de manera ininterrumpida comunicados, acciones legales y territoriales, movimientos artísticos, culturales e incluso intervenciones administrativas en las que estuvo siempre presente la importancia y el valor de exigir la “participación comunitaria y vinculante” en las decisiones gubernamentales que involucren mega obras de infraestructuras generadoras de impactos irreversibles en el territorio. Destacando que de las autoridades e instituciones a las que han recurrido, han respondido a las presentaciones y pedidos realizados.
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Tras un año y medio de lucha, resistencia, visibilización y denuncia, el estado es de alerta permanente en el Acampe por el Monte. La empresa constructora Paolini Hnos. está midiendo y mojonando a la altura del actual acampe, anunciando que el paso de las topadoras por allí será en cualquier momento. «Alertamos y tememos por una nueva militarización y amedrentamiento policial de la zona como ha sucedido en el acampe anterior».
Ante esta nueva situación de otro inminente desalojo, los asambleístas se concentraron este jueves en la fiscalía de segundo turno de Alta Gracia, calle Urquiza 257, para solicitar que la Justicia se expida sobre la denuncia penal y la medida cautelar presentada. Además, van a realizar la presentación de un Habeas corpus para el resguardo de las familias que se encuentran defendiendo la vida y los bienes comunes en el Valle de Paravachasca.
“Al mediodía de hoy nos hicimos presentes en la fiscalía de segundo turno de Alta Gracia y allí el fiscal de instrucción Alejandro Peralta Otonello, nos informó que se declaró incompetente en la denuncia penal y la medida cautelar presentada el 27 de marzo en relación a que se investigue sobre los presuntos delitos sobre la obra de la Autovía de ruta 5 en el Valle de Paravachasca”, contaron desde la Asamblea de Paravachasca en diálogo con Conclusión.
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El fiscal fundamenta tal decisión en que hay razones materiales y territoriales por las cuales los presuntos delitos pertenecen a la ciudad de Córdoba y no al Valle de Paravachasca. Ahora es la fiscalía general la que debe determinar a qué cámara remite el expediente n° 10878617. “Además presentamos un Habeas corpus en el juzgado de control a cargo del Dr. Lasso en resguardo de las familias que nos encontramos en el acampe ante un inminente nuevo desalojo. Desde la fiscalía nos vinimos al acampe ya que las compañeras que se habían quedado nos avisaron que trabajadores de la empresa Paolini hermanos estaban pretendiendo avanzar ya con las máquinas por allí. Finalmente pudimos impedir el avance, pero estamos en alerta permanente ante el atropello violento y enceguecido de las topadoras y ante la inexistencia de garantías y resguardo legal por parte de la Justicia de Córdoba. Seguimos en el acampe cuidando la vida y los bienes comunes del Valle de Paravachasca”, enfatizaron.
En San Roque la resistencia también se hace escuchar
Habitantes de San Roque y otras localidades del Valle de Punilla y Córdoba Capital, se pliegan a Paravachasca encontrándose en alerta y resistiendo al avance de la autovía ilegal que el gobierno pretende imponer en el Valle. El día miércoles llegaron de la empresa Chediack a realizar un estudio de suelo al costado del dique San Roque. “Ante las preguntas de las vecinas y vecinos presentes, se nos informó que tenían que hacer un estudio para evaluar la viabilidad de la construcción del puente que cruzaría el lago hacía Bialet Massé. Ante esto, seguimos denunciando la infinidad de irregularidades por parte del gobierno y Caminos de las Sierras quienes hoy pretenden avalar la realización de un estudio posterior al Estudio de Impacto Ambiental y de la audiencia pública”, sostuvieron.
Toda esa información debería existir previo a todo el proceso mencionado y no a posterior. “Continuamos exigiendo que la justicia responda y los hacemos responsables de todo el conflicto social que hay y que crece. Por otro lado, en el día de hoy, las vecinas y vecinos de San Roque entregamos a la comuna una nota exigiendo al jefe Comunal Jorge Bustamante (Tito) que vele por nuestros derechos y no permita ningún avance en nuestro territorio hasta tanto se expida la justicia y que, ante todas estas irregularidades que están provocando la resistencia por parte de los y las vecinas debe garantizar nuestra integridad física, siendo responsable como gobernante de nuestra localidad”.
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Finalmente, y gracias al estoicismo de quienes no están dispuestos a ceder ante tamaño atropello, las máquinas de Chediack debieron retirarse del lugar. “Si bien hemos logrado detener parcialmente el avance, queremos denunciar la violencia policial que sin orden judicial alguna, y solo con el argumento verbal de una supuesta orden proveniente de un fiscal, intentaron llevarse detenidos a vecinos que ocupábamos un espacio público. Esto representa una violación notable a nuestros derechos vigentes, hubo forcejeo de policías varones contra mujeres, y ninguno de ellos llevaba la identificación en sus uniformes, también se negaron a decir sus nombres, obligación que tienen por llevar adelante una función pública. Seguiremos resistiendo”, concluyeron.
