El gobierno de la provincia de Santa Fe adhirió a la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Nación y de esta manera prorrogó por seis meses la continuidad de las medidas dispuestas en decretos anteriores en el marco de la circulación del coronavirus.
El decreto fue publicado este martes en el Boletín Oficial y lleva las firmas del gobernador Omar Perotti y de los ministros de Salud y Economía Sonia Martorano y Walter Agosto, respectivamente.
Los fundamentos
El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) señala que “teniendo en cuenta las proyecciones científicas y los recientes acontecimientos a nivel mundial relacionados con el surgimiento de las nuevas sub variantes BA.4 y BA.5 (Ómicron) del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, la titular de la Cartera Sanitaria Provincial propicia la continuidad de las medidas detalladas en el decreto ante la inminente llegada de una cuarta ola de contagios”.
De esta manera se extiende hasta diciembre de este año las medidas excepcionales que rigen actualmente con el finde de garantizar el accionar de la cartera sanitaria, brindándole los mecanismos administrativos y operativos necesarios para otorgar soluciones inmediatas a los problemas agudos que puedan suscitarse en este contexto.
El escrito indica que la variante BA.2 había desplazado a la BA.1, convirtiéndose en la mutación predominante, pero “en las últimas semanas se ha detectado un aumento de casos relacionados a dos nuevas cepas: BA.4 y. BA.5”. En este sentido, estudios recientes muestran que estas sub variantes son muy distintas a la versión original de Ómicron.
La OMS brindó seis recomendaciones esenciales:
1) Atender a la evolución de las nuevas sub variantes de Ómicron y reforzar la respuesta a la pandemia de COVID-19 mediante la actualización de los planes nacionales de preparación y respuesta.
2) Alcanzar las metas nacionales de vacunación de conformidad con la recomendación general de que al menos el 70% de la población de todos los países esté vacunada a principios de julio de 2022.
3) Seguir aplicando medidas sociales y de salud pública científicamente fundamentadas y basadas en los riesgos debiendo los estados- partes estar preparados para ejecutar rápidamente las medidas necesarias ante cualquier cambio en el virus y/o en la inmunidad.
4) Adoptar un enfoque basado en los riesgos para las concentraciones multitudinarias evaluando, mitigando y comunicando los mismos.
5) Ajustar la vigilancia del COVID-19, centrándola en la sarga y el impacto de la enfermedad, facilitando una integración sostenible con otros sistemas de vigilancia, solicitándose a los Estados Partes que recopilen y compartan públicamente indicadores que permitan hacer el seguimiento de la carga de COVID-19 (como las nuevas hospitalizaciones, los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y las muertes), debiéndose tener en cuenta las enfermedades respiratorias, aprovechando y mejorando el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe.
6) Asegurar la disponibilidad de los servicios de salud, sociales y educativos esenciales, por lo que los estados-partes deberán mejorar el acceso a la atención de salud, restableciendo los servicios a todos los niveles y fortaleciendo los sistemas sociales para atender los efectos de la pandemia, especialmente en los niños y jóvenes.
“Atendiendo a las evidencias y recomendaciones que se derivan del escenario internacional sobre la evolución de la pandemia, deviene insoslayable enfatizar que la situación epidemiológica y sanitaria continúa en estado de emergencia y genera la necesidad de una vigilancia y análisis diario y permanente, en tanto el índice de positividad actual presenta un marcado aumento a nivel nacional (320%)”, resume el decreto.
