Por Alejandro Maidana
Las distintas actividades, ilícitas por cierto, que se vienen llevando adelante en gran porción de las islas entrerrianas por distintos empresarios, abre un interrogante que interpela profundamente al poder político. Mientras que a la atura de Ramallo un productor tandilense llevó adelante una producción en un sitio prohibido, las distintas manifestaciones que nacen desde el vientre de los privilegios consentidos, parece no cesar ¿Quién le pone el cascabel a los dueños de todo?
Mientras que el proyecto de Ley de Humedales sigue durmiendo en la Comisión de Ganadería (no es azaroso), si bien se prorrogó unos días la posibilidad de que pierda una vez más estado parlamentario, aquellos que no dudaron en incurrir en lo ilícito acorralando la biodiversidad del lugar, continúan su avance desprejuiciado. Cientos de miles de hectáreas han sido vapuleadas por el fuego, sin embargo, las imprescindibles respuestas estatales y judiciales, siguen jugando a las escondidas.
Si bien es preciso destacar que en octubre de 2020 el juez federal Daniel Alonso encabezó en persona una serie de allanamientos en la zona de las islas durante los cuales encontraron maquinaria para realizar terraplenes, práctica que está expresamente prohibida. Dicha maquinaria fue hallada en terrenos del cuestionado empresario ganadero Enzo Mariani y quedó bajo custodia de la Gendarmería Nacional.
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Sumado a lo antes mencionado, el juez Alonso señaló en aquel momento que decidió ir personalmente a los allanamientos ya que sospechaba que Mariani mentía. «Para sacar esas máquinas de ahí hay que hacer un gran movimiento, es necesario cortar el tránsito en la ruta 174 y era imposible que se hubiera hecho sin la presencia de la Gendarmería cortando la ruta para garantizar la seguridad».
En los últimos días la incertidumbre volvió a ganar terreno, ya que el mencionado empresario solicitó la devolución de las maquinarias secuestradas con un argumento viciado de nulidad. El nuevo avance de Enzo Mariani alertó a quiénes vienen trabajando denodadamente desde la militancia ambiental, para ponerle un coto a los atropellos de quiénes hacen ostentación de sus privilegios.
El abogado Fabián Maggi es quién lleva adelante las actuaciones de la causa del fuego que se encuentra en el juzgado de Paraná, en diálogo con Conclusión indicó que “esta situación está enmarcada en una de las acciones preventivas de daño ambiental que diversas organizaciones como Cuenca del Río Paraná y Foro Medioambiental de San Nicolás entre otras, iniciaron hace aproximadamente un año. Allí se había dictado una medida cautelar con la prohibición de uso de maquinaria pesada y la obligación de retirar todo este tipo de máquinas del sector insular. Enzo Mariani se resistió al retiro de las mismas, las escondió, y estas fueron descubiertas cuando el juez se apersonó en las islas. Ya que primero fue la Prefectura que argumentó no haber visto nada, ante la insistencia, fue el mismo juez quién se acercó al lugar corroborando la presencia de las máquinas y ordenando su retiro”.
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En esta oportunidad la excusa es poder realizar cortafuegos, lo cual nosotros creemos que no es cierto, pero más allá de eso, este no es un rol que deba cumplir un empresario como Mariani, ya que el control de los incendios le corresponde al estado
Al 2021 le queda muy poco, y debemos admitir que los controles se han ido debilitando, al igual que la presión social, por ello al ver la acostumbrada debilidad del estado en su accionar, los empresarios vuelven a pedir las máquinas para poder llevarlas nuevamente al sector islas. “En esta oportunidad la excusa es poder realizar cortafuegos, lo cual nosotros creemos que no es cierto, pero más allá de eso, este no es un rol que deba cumplir un empresario como Mariani, ya que el control de los incendios le corresponde al estado. Sostenemos que las máquinas no pueden regresar a la isla, si las quiere nuevamente en su poder, que las lleve a otra propiedad que seguramente tiene, no al sector insular, ya que no dudamos en que va a volver a realizar las canalizaciones, los terraplenes, actividades que son muy perjudiciales al sector de humedales. A esto nos oponemos rotundamente, esperamos que el juez conociendo todas las infracciones de Mariani, le rechace este pedido”.
No existe la protección judicial después que un ciudadano común denuncia, ya que ésta es una garantía de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, esa garantía se vulnera permanentemente
Existe un fuerte condicionamiento del poder económico concentrado, como así también se observa como el poder político tiene una enorme ascendencia sobre aquellos jueces que se encuentran esperando un ascenso a camaristas o a ministros de la Corte. “En ese entramado vemos las deficiencias del sistema, que se traduce a la violación de otro derecho humano, primero al de poder disfrutar de un ambiente sano, la problemática de los incendios y la modificación de los humedales, agregando que tampoco existe la protección judicial después que un ciudadano común denuncia, ya que ésta es una garantía de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, esa garantía se vulnera permanentemente.
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Si bien se nos permite el acceso al poder judicial a través de una demanda, ir con un papel y presentar una denuncia, está comprobado que ambas nunca son resueltas en plazos razonables
La justicia ambiental sigue el gran talón de Aquiles para todos aquellos que no persiguen otra cosa que no se encuentre en la mismísima Constitución Nacional. Un derecho cercenado a lo largo de una historia escrita con la pluma de los atropellos. “Si bien se nos permite el acceso al poder judicial a través de una demanda, ir con un papel y presentar una denuncia, está comprobado que ambas nunca son resueltas en plazos razonables. Este es un requisito fundamental de las resoluciones judiciales, la resolución en plazo razonable, éste es un componente del derecho humano a la protección judicial que en nuestro país se vulnera sistemáticamente, y eso lo vemos en la totalidad de los conflictos ambientales que intervenimos”, concluyó Maggi.
