El portal de noticias urgente 24.com incluyó por estos días una nota de opinión de Sebastián Boix Mansilla, especialista en sistema previsional, la que lleva por título “Historia secreta de cómo nos confiscan nuestras jubilaciones”.

Dice Boix Mansilla, a manera de introducción, que “la Administración Nacional de Seguridad Social no quiere pagar lo que adeuda. No es la primera vez que sucede: desde los días de Raúl Alfonsín hasta la fecha, se suman litigios de los jubilados que le reclaman al Estado que cumpla con pagos que debe reconocer el principio de continuidad jurídica de todo Estado. Es interesante saber que la cuestión previsional se ha agravado peligrosamente durante la democracia representativa recuperada. Y hay datos llamativos como que la obra social para pensionados y jubilados, PAMI, fue una creación de la Revolución Argentina, corrompida peligrosamente, y hasta quebrada en forma reiterada, por los sucesivos gobiernos populares, que nunca le concedieron la gestión a los interesados, imitando lo que hicieron los administradores de facto. En cualquier caso, lo más grave es que quien más aporta, no es el que más jubilación consigue; y que todo lo que se hizo mal, se sigue haciendo peor”.

El derrotero de las jubilaciones

El autor de la nota expone luego lo que denomina el “derrotero” de la cuestión analizada, y una descripción de la situación vigente, “que no ha cambiado”. En tal contexto expresa: “En 1957 los constituyentes incorporaron el artículo 14 bis a nuestra Carta Magna, dando origen a la seguridad social, en su tercer párrafo que reza: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna constitucional.

“Como podemos ver, los constituyentes, conocedores de la historia de confiscación de los aportes jubilatorios, establecieron que la administración de la seguridad social a cargo del Estado sería administrada por los interesados.

Moratorias impositivas

“Sin embargo, tal cosa no sucedió, y nada logró contener la inclinación de los distintos gobiernos a lesionar los derechos consagrados, en lugar de procurar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado. Así fue como, a lo largo de la historia del sistema previsional, la sociedad fue transitando a través del espiral vicioso de moratorias impositivas y licuación de los derechos previsionales. Tanto fue el avasallamiento que son pocos los argentinos que conocen sus derechos, y menos aún los que logran ejercerlos. Que la administración de la seguridad social esté en manos del Poder Ejecutivo en lugar de los interesados –contrariando la letra de la Constitución Nacional- facilita significativamente el analfabetismo legal y fomenta la asimetría de información entre quien opera y otorga el beneficio –el Estado- y quienes los reciben –los individuos-. Esta asimetría también favoreció la impunidad y las políticas confiscatorias: si quien define el monto de la deuda es el deudor –el Estado-, si el acreedor desconoce su acreencia y sus derechos, y si a esta situación le agregamos la facultad de reglamentar de la ANSeS, que es ejecutora y beneficiaria de la confiscación, habremos logrado un contexto en el cual no existe barrera de contención para los excesos.

La misma modalidad

“Los mecanismos de expropiación siempre fueron los mismos, tanto en la legislación anterior como en la actual: menor haber inicial y movilidad de la prestación respecto de lo que corresponde.

“Así fue como, a pesar de que fueron implementados estos dos mecanismos de expropiación de los aportes, ya sea por el aumento de la expectativa de vida, ya sea por la licenciosa política de recaudación fiscal o por algún otro motivo, el Estado consideró inviable la sustentabilidad del sistema previsional y los derechos que otorgaban las leyes 18.036 y 18.037, entre otras, y procuró la sanción de la Ley 24.241.

“El requisito de 30 años de trabajo con un mínimo de 20 con aporte computados y 10 por declaración jurada se cambió a 30 años con aportes computados y registrados. Finalmente, la base jubilatoria que era equivalente a los mejores 3 años dentro los últimos 10 trabajados, ahora es un promedio simple de un salario topeado de los últimos 10.

“Tal como si esto no fuera suficiente, también fueron vulnerados los mecanismos de determinación y de movilidad de las prestaciones, es decir, su actualización, claves en un país, como el nuestro, de alta inflación crónica.

Irresponsabilidad fiscal

“Con la crisis de 2001 y el abandono de la convertibilidad, al no ajustar las jubilaciones el sistema previsional comenzó a ser superavitario. En vez de actualizar los beneficios previsionales, los políticos, con total irresponsabilidad fiscal, decidieron regalar jubilaciones, mediante moratorias que solo exigían cumplir con los requisitos de edad y mediante las cuales los aportes no realizados se debitaban en la propia jubilación futura. Así, se pasó de 3,2 millones de jubilados a más de 7 millones.

“Esta mecánica de regalar jubilaciones con fines políticos y electorales sin procurar los mecanismos de financiamiento sustentables, que caracteriza a los regímenes populistas, como el nuestro, condujo a lo obvio: quebró el sistema previsional y motivó al Estado a confiscar distintos nichos de liquidez de aportantes que venían cumpliendo rigurosamente con sus obligaciones. Posteriormente, agotados los recursos, los gobiernos terminaron por restringir todos los derechos, inclusive los regalados.

“De esta forma, de la noche a la mañana se llevaron los fondos de las AFJPs que contenían el ahorro personal e individualizado de casi 15 años del 95% de los trabajadores argentinos.

Sin aportes genuinos

“Para completar el modelo esquizofrénico de confiscación y quiebre del sistema previsional por parte del Estado, el Congreso regaló y sigue regalando fondos previsionales sin recursos a sectores organizados y corporativos, que no tienen como contrapartida aportes genuinos. En un artículo anterior publicado en Urgente24 identificamos los 49 regímenes de privilegio; entre los más groseros están los del Poder Judicial: los miembros de la Corte Suprema tienen garantizada una jubilación del 100% de su último salario, y los jueces del 82% (recordemos que, además, no pagan impuesto a las ganancias, a diferencia del resto de los argentinos).

“Recientemente, Cambiemos, que gobierna el país, ofreció a los empleados de planta permanente del Congreso de la Nación un beneficio similar, que permitirá mejorar la jubilación en un 15% adicional, para los cual los nuevos aportes provendrán, en su mayoría, del Presupuesto Nacional. Es decir, todos los argentinos pagaremos, con nuestros impuestos, las jubilaciones de privilegio de unos pocos.

“La conclusión es obvia. Nada ha cambiado. Por el contrario, los impulsos populistas siguen vigentes y avanzan, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría”.