El gas aumentó 1500% pero los cortes siguen y crece el malestar: ¿dónde está el dinero?
Desde que asumió Javier Milei, las tarifas de gas se multiplicaron por quince. Sin embargo, en plena ola polar, miles de familias siguen sin servicio. En ciudades como Mar del Plata, los usuarios exigen respuestas y denuncian que el ajuste no se traduce en mejoras.
A pesar del drástico incremento en las tarifas de gas que acumulan un 1482% de suba desde diciembre de 2023, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), el sistema energético argentino no muestra mejoras significativas en su capacidad de respuesta ante picos de consumo.
En plena ola de frío, localidades como Mar del Plata quedaron sin suministro por más de 24 horas, afectando a miles de familias. El contraste entre el esfuerzo económico exigido a los usuarios y el deterioro del servicio disparó una pregunta incómoda: ¿adónde fue a parar el dinero?
En primer lugar, los cortes de gas revelan una inconsistencia estructural en la política energética. Mientras el Gobierno justifica el tarifazo en la necesidad de «corregir distorsiones heredadas», los hogares enfrentan facturas mensuales que en algunos casos superan los $100.000, como sucede en zonas del sur argentino, sin que eso se traduzca en inversión, planificación o eficiencia del sistema.
Por ejemplo, en Mar del Plata, una ciudad azotada por temperaturas bajo cero, los vecinos denunciaron que “no es una baja de presión, es que directamente no hay suministro”. El corte, que afecta a sectores vulnerables, como familias con niños, adultos mayores y pacientes crónicos, dejó al descubierto no solo una crisis operativa, sino también un profundo malestar social.
A esto se suma un dato preocupante, el Estado aún cubre el 57% del costo del abastecimiento, mientras los usuarios aportan el 43%, según el IIEP. Es decir, a pesar de la suba récord en tarifas, el Estado sigue financiando más de la mitad del sistema, lo cual refuerza la sensación de que el ajuste recayó sobre la población sin garantizar resultados concretos.
Además, según denuncias vecinales, el problema no radica solo en la infraestructura interna, sino también en decisiones estratégicas. “El gas se está exportando a Chile porque allá pagan en dólares. No hay control del consumo interno y eso es lo que nos está afectando directamente”, explicó un vecino. Otros sostienen que incluso se estaría transportando gas en barco desde Río Negro, priorizando el negocio exportador por encima del abastecimiento local.
Como si esto fuera poco, la cadena energética está en riesgo, muchos generadores eléctricos funcionan a gas. Sin gas, podría haber cortes de luz, lo que derivaría en problemas de acceso al agua. “Nos estamos yendo a un apocalipsis energético”, advirtió una vecina. Mientras tanto, se intenta paliar la crisis con camiones de propano, aunque ya se teme también un faltante de gas envasado.
La factura promedio para los distintos segmentos también se disparó para los usuarios de ingresos bajos (N2) $46.674, usuarios medios (N3) $51.752 y usuarios de ingresos altos (N1) $61.220
En algunas provincias del sur, estos montos ascienden hasta $190.000 por mes, un nivel inédito en la historia tarifaria del país.
Frente a este panorama, el Gobierno no ha ofrecido explicaciones claras. Los vecinos denuncian una falta total de coordinación entre Nación, Provincia, municipios y empresas distribuidoras. “Se tiran la pelota y nadie da una solución concreta”, lamentaron.