Luego de varias idas y vueltas, la causa principal por el tarifazo de la luz que se sigue tramitando en los tribunales federales de San Martín tuvo una resolución de fondo: a ningún usuario de la categoría T1 (de pequeña demanda inferior a 10 Kw) abarcado por las distribuidoras Edenor y Edesur se le podrá aplicar el cuadro tarifario con aumento de suministro eléctrico hasta tanto se realice la audiencia pública, prevista para el 28 de este mes. Así lo resolvió el juez Osvaldo Papávero en un fallo en el que no le reconoció legitimidad para actuar al Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) pero concedió la suspensión del nuevo cuadro tarifario y ordena tomar como crédito los pagos realizados por los usuarios. Será apelado por el Ejecutivo.

Luego de tres meses y medio de iniciado, y tras una serie de incidentes, la resolución se inscribe en el caso que estaba a cargo de la jueza Martina Forns, recusada dos veces por el Poder Ejecutivo y con una causa que investiga amenazas en su contra. La magistrada había otorgado una medida cautelar con alcance nacional, apelada por el Ministerio de Energía quedó en suspenso; escaló a la Corte y bajó con una reprimenda; a la par que nuevamente se intentó apartar a la jueza

Papávero ordenó al ENRE que instruya a Edenor y Edesur para que -hasta tanto se fijen las nuevas tarifas de acuerdo al procedimiento legal- «permitan a los usuarios categoría T1 y a sola petición de los mismos, abonar con efecto cancelatorio los montos adeudados y aquellos que se devenguen en el futuro, de acuerdo con el régimen tarifario anterior al dictado de las norma objetadas»