Inquilinos cuestionaron a la Cámara de Senadores por no sesionar esta semana y dejar sin tratamiento al proyecto que busca modificar la actual Ley de Alquileres, al tiempo que pidieron que el presidente Alberto Fernández extienda mediante un decreto los contratos que vencen en estos meses.
Tras tener dictamen positivo en la comisión de Legislación General, se esperaba que la Cámara Alta –que sesionó por última vez a mediados de abril– vuelva al recinto para tratar el tema. Sin embargo, legisladores del Frente de Todos dejaron trascender que no convocaron a una sesión ya que, por motivos personales, a muchos senadores oficialistas se les complicaría estar presentes, lo que les impediría alcanzar el quórum. No obstante, aseguraron que la iniciativa sí se tratará la semana próxima.
La falta de sesión en el Senado despertó fuertes críticas dentro de los movimientos de inquilinos, ya que entienden que el tratamiento de los cambios en la Ley de Alquileres debe tener cierta celeridad para darle certidumbre al mercado, luego de que muchos propietarios e inmobiliarias se resistieran a renovar los contratos, a la espera de modificaciones en la legislación.
En este sentido, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, indicó: “La discusión permanente sobre la ley de alquileres tiene un sólo fin: que no se cumpla, que las inmobiliarias nos obliguen a firmar contratos por tres o seis meses, con aumentos ilegales. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, tienen que de manera urgente decretar la extensión de todos los contratos de alquiler de vivienda hasta que el senado y diputados pongan fin a la incertidumbre”.
Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados de Rosario, Sebastián Artola, indicó: “Los inquilinos y las inquilinas nos preguntan qué va a pasar, porque no les quieren renovar, o los obligan a firmar cualquier cosa. Es importante aclarar que la ley sigue vigente, y que todo contrato firmado hoy tiene validez por 3 años y actualización anual”.
“El mercado inmobiliario tiene que empezar a cumplir la ley, algo que hasta ahora no pasa, y el Estado tiene que dejar de mirar para otro lado permitiendo que actúe con total impunidad”, afirmó Artola.
En un comunicado, las organizaciones inquilinas le pidieron al presidente Alberto Fernández que “decrete la extensión de los contratos frente a la extorsión que se vive por parte de las inmobiliarias, que hacen contratos de tres o seis meses o un año, con aumentos ilegales”.
¿Qué cambios se harían a la Ley de Alquileres?
El interbloque del Frente de Todos en el Senado logró imponer como dictamen de mayoría el proyecto que reforma la Ley de Alquileres e introduce cambios a la iniciativa que fue sancionada a fines de agosto en Diputados. En tanto, Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría para insistir con la sanción que salió de la Cámara Baja.
La bancada opositora debería ganar la votación en el recinto si pretende que la nueva Ley de Alquileres sea sancionada de manera definitiva.
Si, por el contrario, triunfa la iniciativa del oficialismo, el proyecto regresará en segunda revisión a Diputados. En la Cámara baja, entonces, los legisladores deberán optar por insistir con la sanción original o aceptar los cambios introducidos en el Senado.
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El proyecto aprobado por los Diputados el miércoles 23 de agosto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad.
Además, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
En cambio, el dictamen impulsado por el oficialismo establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que los contratos serán estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.
También modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y toma el Coeficiente Casa-Propia que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se compone del menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.
El dictamen del oficialismo también modifica la norma venida en revisión de Diputados al incorporar un último párrafo sobre el artículo nueve estableciendo que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”.
Finalmente, el dictamen de mayoría suma un nuevo artículo, el número doce sobre el Impuesto a las Ganancias: “Las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación”.
