Por Guido Brunet
La mañana del 21 de diciembre de 2001 Karina Lamagna vio a su hermano sin vida en la tapa del diario Clarín. El día anterior había ido a participar de las protestas contra el Gobierno de De la Rúa y no volvió. La indignación por el momento que atravesaba el país lo motivó a movilizarse, pero no contó con la brutal represión policial que desplegaron las fuerzas de seguridad.
El día 20 junto vio como las Madres de Plaza de Mayo eran reprimidas, pisadas por los caballos de la montada de la Policía Federal frente a la casa Rosada, en ese momento Diego le dijo a su madre “que no daba para más». “La crisis no nos era indiferente, la sufríamos como todos”, relataría su hermana.
Horas más tarde, Diego fue asesinato por la Policía Federal en avenida de Mayo y Tacuarí el 20 de 2001 mientras intentaba entre gases y corridas llegar a la plaza de Mayo. La policía uniformada disparaba balas de plomo a los autoconvocados que se manifestaban contra el estado de sitio y las políticas económicas del entonces presidente Fernando de la Rúa.
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Su familia intentó reconstruir sus pasos, así llegó al hospital Argerich en Buenos Aires, donde le confirmaron la muerte y una comisaría, donde solamente recibió maltratos.
Diego, de 27 años era ciclista de freestyle. Comenzó a los 11 años a trabajar en una panadería vecina tras la muerte de su padre, a esa misma edad con los pocos recursos que tenía se armó su primera bicicleta BMX. “Fue un precursor, un deportista solidario, apasionado y abnegado, sigue siendo un referente en el mundo del BMX”, lo describe su hermana. «Era un joven trabajador y deportista que vio las imágenes de las madres pisadas en la plaza. Vio a su propia madre pisoteada, viuda y sin ayuda estatal jamás», recuerda Karina.
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- Diego Lamagna, en la tapa de una revista de ciclismo
20 años de impunidad
A 20 años de ese asesinato, uno de los 39 ocurridos en todo el país en aquellas trágicas jornadas, la familia Lamagna siente que no encontró justicia.
Por el crimen se condenó a los policías y funcionarios políticos. Días atrás, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a penas de prisión efectiva del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. De esta forma se ratificaron las penas a cuatro años y tres meses para Mathov y a tres años y medio para Santos. Ambos fueron condenados por el delito de “homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón”, y heridas a otra veintena de manifestantes.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a penas de prisión efectiva del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos
El fallo también ratificó las condenas de cumplimiento en suspenso del ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años; y Víctor Manuel Belloni, a dos años y nueve meses pero en su caso sólo por el delito de “abuso de armas” (en suspenso).
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Pero esas condenas, para la familia, no alcanzan. “No cumplen prisión efectiva y se le siguen otorgando tiempos con el fin de no cumplir las penas, amparados en sus privilegios y la complicidad política-judicial. Esto referido a los responsables del operativo de calle”, contó Karina, hermana de Diego, en diálogo con Conclusión.
“Los autores materiales no han sido condenados”, afirmó la mujer. “La historia judicial de los 39 es igual. Son 20 años de impunidad y una enorme falta de respeto a víctimas y sobrevivientes”, agregó. Pero «hasta hace diez días atrás se estaba discutiendo la cantidad de años que le correspondían. Hubo una dilación importantísima. Veinte años no es justicia. Es arrancarle jirones muy pequeños de justicia al Poder Judicial. Estos 20 años fueron de total falta de respeto y de justicia. Pero no queda acá».
Veinte años no es justicia, es arrancarle jirones muy pequeños de justicia al Poder Judicial. Estos 20 años fueron de total falta de respeto y de justicia
Con respecto a De la Rúa, “con la complicidad del Juez Bonadio fue sobreseído cuando está demostrado que dio orden a la cacería y declaró un estado de sitio sin intervención del Congreso, que se encontraba en sesiones extraordinarias, además no había conmoción interior ni ataque exterior como consagra la Constitución para decretarlo”.
“Aún peleamos por cárcel y castigo a los responsables de dar rienda suelta a la policía que disparaba con escopetas a los ciudadanos y a los perpetradores materiales”, afirmó Karina.
Familias unidas
Desde esos días de dolor y tragedia, las familias de las víctimas han trabajado permanentemente en conjunto “en el reclamo y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Si bien cada uno aportó su trabajo en lo concerniente a buscar testigos, testimonios e imágenes, todos lo hemos hecho por todos”.
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«Todos hemos hecho el trabajo que debería haber hecho la fiscalía. Hemos aportado trabajo en conseguir filmaciones, testimonios. Siempre hemos sido quienes impulsamos la causa para todos. Somos hermanos, compañeros de lucha», expresó la mujer.
Revuelta bisagra
En relación a ese momento del país y la forma en que la gente tomó las calles, la hermana de Diego comentó: «El nuestro no es un pueblo que no haya tomado las calles cuando sus derechos fueron vulnerados. Podemos hablar del Cordobazo… La diferencia de esta gesta fue la pluralidad de voces con un solo lema, que es que se vayan todos. Veníamos de décadas de vulneración de derechos, de opresión al pueblo trabajador».
Veníamos de décadas de vulneración de derechos, de opresión al pueblo trabajador
«Yo recuerdo ir a pagar leche con patagones, eso representaba diez para mí y el almacenero lo tomaba por seis. Y mi hermano trabajó en una panadería desde los 11 años. Era tremendo, 2001 fue una bisagra, primero en lo histórico, si bien veinte años es mucho tiempo, no, fue ayer. Fue masivo, eran todas las voces con un solo clamor», contó.
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En cuanto a si cree que esos sucesos generaron alguna enseñanza en la sociedad, Lamagna dice: “En parte sí. Es una bisagra histórica, nadie quiere vivir un 2001, pero a la vez hay un discurso sesgado y punitivista que adhiere al plomo o a las políticas neoliberales”. “Hemos luchado en soledad”, se lamentó Karina Lamagna.
39 vidas
Once muertes sucedieron en la provincia de Buenos Aires (Diego Ávila, Víctor Enríquez, Julio Flores, Roberto Gramajo, Pablo Guías, Cristian Legembre, Damián Ramírez, Mariela Rosales, Ariel Salas, José Vega y Carlos Spinelli), diez en Santa Fe -ocho de ellos en Rosario- (Graciela Acosta, Ricardo Rodolfo Villalba, Ricardo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Claudio «Pocho» Lepratti, Miguel Pacini, Rubén Pereyra y Sandra Ríos) siete en la Capital Federal (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes y Jorge Cárdenas), tres en Entre Ríos (Romina Iturain, Rosa Paniagua y José Rodríguez), tres en Córdoba (Sergio Ferreira, David Moreno y Sergio Pedernera), dos en Corrientes (Ramón Arapi y Juan Alberto Torres), una en Tucumán (Luis Fernández) y una en Río Negro (Elvira Avaca).
La mayor represión se produjo en Capital Federal, siendo conocida como la Masacre de Plaza de Mayo, donde fueron asesinadas cinco personas (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Marcelo Riva), se intentó asesinar a otras cuatro (Marcelo Dorado, Martín Galli, Sergio Rubén Sanchéz y Paula Simonetti) y sufrieron lesiones otras 227. Estos crímenes fueron investigados de manera unificada, dando origen a dos juicios. En el primero se enjuició a Jorge Varando por abuso de arma de fuego en el asesinato de Gustavo Benedetto, siendo absuelto por prescripción de la acción penal.
En el segundo juicio fueron acusados 17 personas por homicidio, intento de homicidio y lesiones, entre ellas fueron condenados el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov y el entonces jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos. El expresidente Fernando de la Rúa había sido procesado en primera instancia, pero fue desprocesado con decisión final de la Corte Suprema.
