La Iglesia fijó su postura sobre la baja de la imputabilidad, los incendios en la Patagonia y las inundaciones en Tucumán
Desde la Pastoral Social advirtieron sobre la necesidad de mayor diálogo, soluciones estructurales y responsabilidad política frente a problemáticas que afectan a miles de personas en todo el país.
La Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, dio a conocer su posición respecto de la baja de la edad de imputabilidad, los incendios que afectan a la Patagonia y las inundaciones en Tucumán. En ese marco, los obispos llamaron a profundizar el diálogo social y político para encontrar respuestas de fondo a situaciones que generan un fuerte impacto social y humanitario.
En relación con el debate sobre una posible reforma legal que habilite el juzgamiento penal de menores de edad, la Iglesia sostuvo que la baja de la imputabilidad “no es la propuesta más razonable” para abordar la problemática de la inseguridad juvenil. Al respecto, los obispos reclamaron “transformaciones profundas” que apunten a las causas estructurales del fenómeno, como la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales.
En ese sentido, recordaron que “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, postura que ya había sido expresada por el organismo episcopal casi un año atrás y que volvió a tomar relevancia ante la presentación oficial del proyecto en el Congreso.
La Comisión, presidida por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Gustavo Braida, también pidió cambios que garanticen oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes.
Asimismo, el documento hace una fuerte autocrítica sobre la realidad social del país. La Iglesia lamentó que, desde hace años, la Argentina padezca las consecuencias de administraciones políticas que no lograron crear una cultura del trabajo inclusiva, capaz de asegurar condiciones de vida dignas y un auténtico desarrollo humano, social y económico. No obstante, expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia, incluso con aquellas que sufrieron delitos cometidos por menores de edad, cuyas heridas son difíciles de cerrar.
Por otro lado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social manifestó su profunda preocupación por los incendios que azotan a la Patagonia. A través de un comunicado, solicitó al Gobierno nacional, en diálogo con las provincias, que declare la emergencia y disponga de todos los recursos necesarios para combatir el fuego. “Ahora es el momento de arremangarse y darle fin a esta crisis”, señalaron, al tiempo que destacaron que más adelante se podrán analizar responsabilidades y causas.
El documento, firmado por el obispo auxiliar de Santa Fe, monseñor Matías Vecino, y el obispo de Chascomús, monseñor Juan Ignacio Liébana, también incluyó un agradecimiento a bomberos y socorristas que, con esfuerzo y compromiso, trabajan para frenar el avance de las llamas que destruyen vastas zonas del sur del país.
Asimismo, la Pastoral Social de la diócesis de Concepción, en Tucumán, expresó su alarma por las reiteradas inundaciones que afectan a la provincia. Durante una conferencia de prensa, el presbítero Fabián Brito y el integrante del organismo Carlos Bulacios hicieron un llamado a la responsabilidad colectiva, la unidad política y la implementación de soluciones estructurales que prioricen el bien común.
En ese contexto, advirtieron que las inundaciones no pueden atribuirse únicamente a factores climáticos, sino que constituyen “una herida abierta que interpela como sociedad”. Subrayaron, además, que los sectores más vulnerables son los principales perjudicados y que esta problemática revela las fragilidades de un sistema que no logra dar respuestas definitivas al sufrimiento de los más pobres.
Por último, bajo el lema “El grito de la tierra es el clamor de los hermanos: un llamado a la responsabilidad y la unidad”, reclamaron obras hídricas urgentes, planificación urbana, mantenimiento de canales y transparencia en el uso de los recursos públicos. Según sostuvieron, la política debe ser entendida como un servicio al bien común y una de las formas más altas de la caridad cuando busca proteger la vida y la dignidad de las personas.