Por Alejandro Maidana

La represión estatal es una necesidad manifiesta de todo estado capitalista. Disciplinar para  poder lograr la obediencia impuesta por el poder, ya sea fáctico o no, es  un política impuesta hace décadas. Pero ¿Puede el Estado legitimar las muertes que provienen de su propio aparato represivo?

El Ejecutivo Nacional en la figura del Mauricio Macri y Patricia Bullrich, parece haber convertido el sueño reaccionario en una preocupante realidad. El número es escalofriante, 5462 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983. De esos 5462 casos, 725 corresponden al gobierno de Cambiemos, si, 725 asesinatos del estado en 721 días de gobierno. “El cambio” sigue rompiendo récords represivos.

“Es absolutamente mentira, falso. Y si quiere, le puedo mandar una por una las mentiras de los casos falsos”, diría de manera altisonante la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en torno a esto. Si bien no es la primera vez que un gobierno busca desacreditar las denuncias de represión estatal, éste se anima a redoblar la apuesta.

“Nosotros llevamos tres décadas de militancia antirrepresiva, nuestro material permite no sólo ver la foto de un momento, sino la película completa de cómo fue avanzando la política estatal represiva”, de esta manera iniciaría la charla con Conclusión María del Carmen Verdú, abogado por los Derechos Humanos y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

 

 

 

 

 

 

 

El camino transitado por Correpi a lo largo de una deshilachada democracia, siempre ha sido espinoso, pero hoy se abre un nuevo paradigma. “Sentimos que toda la legitimación para afirmar que estamos atravesando la etapa más grave desde diciembre de 1983 a la fecha. Este diseño represivo se actualiza de manera constante sumando nuevas herramientas”, sostuvo.

La figura del gobierno de Cambiemos en el eje del debate, “es muy explícito el mensaje que ha bajado este gobierno, desde la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafel Nahuel a esta parte, desde Bullrich, pasando por Michetti, Peña, Macri, Ritondo y muchos otros funcionarios de Provincia y Ciudad”.

El caso Chocobar como la punta del iceberg, “cuando hablamos de un verdadero estado de excepción, hablamos de esto. Ya no existe el disimulo, si una orden explícita de tirar por la espalda ante una situación de escape, se puede intentar huir por un sinfín de motivos. Es la instauración de la pena de muerte, sin más”, indicó Verdú.

“Las jornadas del 14 y el 18 de diciembre no hicieron otra cosa que ratificar cual es el rumbo de estas políticas. El 1 de septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago, ya comenzaría a ensayarse en la justicia federal las causas en relación a estas jornadas.  Este combo incluye por un lado, calificaciones de delitos federales para criminalizar la protesta, que habilitan la actuación de la justicia federal en lugar de la ordinaria como venía sucediendo hace décadas. El segundo punto es la inversión en la carga de la prueba, ahora el preso debe demostrar qué hizo y qué no hizo ante el acta de detención formulada por la policía. La versión de las fuerzas, es versión de verdad, diría Patricia Bullrich, algo que Bonadío utilizó para su resolución sobre los sucesos del 14 de diciembre, si bien no usa las mismas frases, utiliza sinónimos. Si bien Martínez de Giorgi, Bonadío y Torres, los tres jueces de estas causas, tienen distintas características entre sí, coincidieron en esto, es decir, es muy claro que esto se trata de política de estado. Cabe destacar que hemos presentado muchísimas pruebas para desmentir las actas policiales, sin embargo fueron desestimadas”, enfatizó la abogada.

 

 

 

 

 

 

Aun siguen detenidas 5 personas, y son 34 los procesados por lo antes mencionado. Volviendo a los números alarmantes del archivo de Correpi, María del Cármen relató: “Los números del archivo son elocuentes, en 721 días de gobierno de Macri tuvimos 725 muertes. Queda claro que estamos por encima de la media de un caso por día, eso incluye todas las modalidades. Tenemos un 45% de muertes por gatillo fácil, casi otro tanto de muertes en lugares de detención, para finalizar con las de menor incidencia como femicidios cometidos por miembros de la fuerza de seguridad, muertes en manifestaciones y otras modalidades. Nosotros incluimos en nuestras categorías las muertes “intrafuerzas”, los contamos como víctimas del aparato estatal, más allá de que sea entre policías y que a sus familias no las invitemos a las reuniones de Correpi”.

La muerte de un joven cadete en la escuela de oficiales de la Rioja, consolidó el debate, “si vos empezas a rastrear para atrás, te vas a encontrar con 4 antecedentes previos entre el 2004 y el 2017. El esquema de este entrenamiento no se lo puede calificar de otra manera que de tortura. A torturar se enseña torturando, y también torturándote, imaginate si siendo recluta te pueden hacer eso, basta con sólo pensar a lo que debe someterse un preso”.

“Los argentinos tenemos cero capacidad de asombro. Pensá como tengo que hacer yo para explicarle a mi cuñado checo, que vive hace 20 años en Canadá la siguiente situación: “Juez de la Nación procesa por homicidio a un policía, y 16 horas después, el presidente recibe al homicida lo abraza y le dice necesitamos más policías como vos”. Al checo no le va a entrar otra cosa en la cabeza, que ver a ese presidente preso. No es fácil, llega un punto que te quedas sin adjetivos, entonces debemos dejarlos de lado y comenzar a describir y analizar las reacciones. Nosotros venimos combatiendo hace tiempo con los compañeros de Correpi esta idea de, volvimos a los 90, no es así, esto es mucho peor”, dijo.

 

 

 

 

 

 

María del Carmen Verdú sostiene que desde el día menos uno, comenzaron a edificar esta realidad escabrosa, “la editorial de La Nación al otro día del Balotaje, fue muy clara. Primero es un error hablar del pasado y el presente, ya que los une la misma matriz ideológica, por primera vez desde el 83 tenemos un gobierno nacional y socios provinciales que reivindican explícitamente el terrorismo de estado con sus actores civiles y militares. Ese es el telón de fondo en donde transcurre la represión actual, pero ojo, esto no es porque sean unos mal nacidos, es porque si yo naturalizo aquello, esto queda absolutamente legitimado. No me puede sorprender lo de Chocobar, si Etchecolatz está en su casa, la relación instrumental en eso es la nueva creación del enemigo interno”, concluyó.