Pami: clínicas privadas suspenden la atención a jubilados y pensionados por 48 horas

La atención médica de los jubilados afiliados al PAMI podría verse afectada esta semana por una suspensión de servicios anunciada por clínicas y sanatorios privados durante 48 horas. La medida, impulsada por cuatro entidades del sector, responde al atraso de los aranceles frente al aumento de los costos operativos y a los cuestionamientos sobre las condiciones de contratación. Mientras los prestadores advierten sobre las dificultades para sostener las prestaciones, las autoridades de la obra social aseguran que mantienen abiertas las negociaciones para intentar destrabar el conflicto. La suspensión está prevista para el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre.

Por qué las clínicas anunciaron la suspensión, la medida fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia. El reclamo apunta a una recomposición de los valores que paga el PAMI por las prestaciones médicas y a una revisión de los contratos vigentes, que, según los prestadores, establecen cupos para determinadas prácticas.

Las entidades sostienen que los ingresos que reciben no acompañan la evolución de los gastos en salarios, medicamentos, insumos médicos, mantenimiento y funcionamiento de los establecimientos. Además, advierten que el deterioro financiero compromete la continuidad de los servicios y dificulta la atención de los casi seis millones de afiliados a la obra social.

La suspensión prevista para el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre alcanzaría principalmente a las consultas y prácticas programadas. Las entidades aclararon que las urgencias y emergencias críticas continuarían siendo atendidas.

Uno de los principales argumentos de los prestadores es la diferencia entre la inflación acumulada y los aumentos otorgados por el PAMI. Según datos difundidos por el sector, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor de la cápita correspondiente al segundo nivel de atención aumentó un 447,47%, mientras que la inflación minorista acumulada en el mismo período llegó al 942,35%.

De acuerdo con esas estimaciones, los aranceles deberían incrementarse más de un 90% para equiparar la evolución de los precios desde el inicio de 2023. Los prestadores también señalaron que, durante 2026, algunas prácticas recibieron ajustes del 1,9% en junio y del 8% en julio, porcentajes que consideran insuficientes para compensar el atraso acumulado.

A la discusión económica se suman las críticas al modelo de atención. Desde el sector privado sostienen que los límites para determinadas prestaciones y la derivación de pacientes hacia hospitales públicos generan dificultades adicionales, tanto para las clínicas como para los afiliados que necesitan turnos, estudios o procedimientos especializados.

Desde el PAMI señalaron que las conversaciones con las entidades continúan y que se prevén reuniones de equipos técnicos para revisar los valores de las prestaciones. Según fuentes del organismo citadas por medios nacionales, ya hubo un entendimiento para incrementar los aranceles de determinadas prácticas clínicas.

Sin embargo, las organizaciones prestadoras consideran que los ajustes ofrecidos no alcanzan para revertir el deterioro financiero. Por ese motivo, la suspensión de los servicios se mantenía en pie, aunque las entidades contemplaban consultar a las clínicas adheridas antes de definir si avanzaban con la protesta.

El resultado de las negociaciones será determinante para establecer si finalmente se interrumpirá la atención programada durante las dos jornadas previstas o si se alcanzará un acuerdo que permita dejar sin efecto la medida.

El conflicto también incluye un planteo sobre la situación impositiva de los establecimientos sanitarios. Las entidades solicitaron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para abordar la necesidad de una reforma tributaria y buscar alternativas para regularizar las deudas fiscales que afectan a cerca de 5.000 instituciones.

Según los prestadores, la situación financiera del sector se ve agravada por la acumulación de obligaciones tributarias y la incertidumbre sobre los mecanismos que impiden a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones por deudas impagas.

Las organizaciones reclaman medidas que permitan sostener la actividad de las clínicas privadas y fortalecer su participación en la atención de los afiliados del PAMI, sin trasladar una mayor presión a los hospitales públicos.

Si la suspensión se concreta afectaría directamente a los jubilados, y los principales inconvenientes podrían concentrarse en las consultas médicas programadas, los estudios y otros procedimientos que no sean considerados urgentes. Esto podría generar reprogramaciones y demoras para pacientes que ya enfrentan dificultades para acceder a determinadas especialidades.

Las entidades aseguraron que las emergencias seguirán funcionando, aunque recomendaron mantener la atención sobre las comunicaciones oficiales para conocer el alcance definitivo de la medida.

Mientras continúan las negociaciones, el conflicto expone las diferencias entre la obra social y los prestadores privados por el financiamiento de las prestaciones médicas. En tanto, sostienen que la posibilidad de alcanzar un acuerdo en los próximos días será clave para evitar una interrupción de los servicios y reducir el impacto sobre los jubilados y pensionados afiliados al PAMI.