Patagonia en llamas: «Lo que está pasando y lo que no nos están contando»
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó un documento donde advierte que los incendios en el noroeste patagónico no son solo un fenómeno climático, sino el resultado de políticas de ajuste, el avance de especies exóticas y un giro represivo que busca criminalizar a las comunidades para favorecer negocios con la tierra quemada.
Cada verano, el noroeste de la Patagonia —específicamente la Comarca Andina del Paralelo 42— enfrenta incendios que se vuelven progresivamente más destructivos para los ecosistemas, las economías locales y las redes comunitarias. Según un reciente informe de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), estos megaincendios constituyen un fenómeno multicausal donde convergen la crisis climática, décadas de sustitución de bosque nativo por especies exóticas inflamables y un Estado que se retira de sus funciones de prevención e investigación.
El ajuste como combustible
El informe destaca que el desfinanciamiento es una decisión política deliberada. Para el año 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) sufrió una caída real del 69% respecto a 2023 y del 78,5% comparado con 2025. Esta falta de recursos se traduce en brigadistas precarizados con salarios que apenas alcanzan los $860.000, mientras se exponen al riesgo de vida en el combate de las llamas.
Además, la AAdeAA denuncia una preocupante subejecución de fondos: durante 2024, el Gobierno nacional ejecutó solo el 22% del presupuesto asignado, a pesar de haber sido uno de los años con mayor cantidad de focos ígneos en casi una década. En paralelo, se eliminó el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025, erosionando la capacidad de respuesta ante las emergencias.
Seguridad interna y el «enemigo interno».
Uno de los puntos más críticos del documento es el cuestionamiento al cambio de paradigma institucional. En 2024, el manejo del fuego fue trasladado de la órbita ambiental al Ministerio de Seguridad, lo que impone una lógica de «seguridad interna» por sobre la mitigación climática. Bajo este enfoque, se han alimentado discursos racistas y teorías conspirativas que señalan al pueblo mapuche como «enemigo interno».
Según los especialistas, estas narrativas funcionan como «cortinas de humo» para desviar la responsabilidad política y ocultar la presión inmobiliaria que busca flexibilizar las normas para realizar negocios en territorios incendiados. El informe aclara que, pese a los intentos de derogación, siguen vigentes leyes clave como la Ley de Bosques Nativos (26.331), la Ley de Manejo del Fuego (26.815) —que prohíbe el cambio de uso del suelo por décadas tras un incendio— y la Ley de Tierras Rurales (26.737).
Propuestas y acción colectiva
Frente a un escenario donde la probabilidad de incendios podría cuadruplicarse hacia finales de siglo debido al calentamiento global, el informe hace un llamado urgente a la organización comunitaria. Se propone pasar de la reacción militarizada a una prevención basada en la ciencia, con planificación territorial y recursos dignos para los trabajadores del fuego.
Entre las líneas de acción, la AAdeAA insta a defender el andamiaje jurídico vigente, exigir la ejecución presupuestaria y fomentar una «cultura del bosque» que reconozca los procesos biológicos de la región y enfrente la desinformación. «Las leyes ambientales no se tocan», concluye el documento, enfatizando que la recuperación de los territorios quemados debe estar al resguardo de cualquier interés extractivista.